El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo «estado de excepción» focalizado por 60 días en gran parte del territorio nacional, debido a la grave conmoción interna y el incremento de la violencia narcocriminal. La medida, que entró en vigencia este jueves 1 de enero, suspende derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia en provincias estratégicas de la costa, la sierra y la amazonía.
El decreto alcanza a las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo, Sucumbíos y Pichincha —donde se ubica la capital, Quito—, además de tres cantones específicos en las provincias de Cotopaxi y Bolívar. Según el informe de las Fuerzas Armadas que sustenta la decisión, grupos de delincuencia organizada como «Los Lobos», «Choneros» y «Tiguerones» han mantenido una escalada sostenida de ataques con explosivos, homicidios múltiples en espacios públicos y atentados directos contra funcionarios durante todo el 2025, supo la Agencia Noticias Argentinas.
Cifras oficiales de la Policía Nacional revelan la magnitud de la crisis: solo entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de 2025 se registraron 1.232 homicidios intencionales en las zonas bajo intervención. Con esta nueva disposición, el gobierno de Noboa busca ejecutar operativos de alta intensidad para desarticular las estructuras delictivas y retomar el control territorial frente a lo que definió como una «estrategia deliberada de intimidación y desafío» a la autoridad estatal.