Algo raro debe estar pasando si economistas como Arriazu y De Pablo, con diferencia de horas y por diferentes razones, se manifiestan críticos de la actualización por inflación de las bandas del dólar anunciada esta semana por el Banco Central. Decisión que, junto al anunciado programa de compra de reservas, representó un giro significativo en la política cambiaria del Gobierno de Javier Milei.
El miércoles, en un desayuno empresario en el Palacio Duhau, Ricardo Arriazu, uno de los economistas que más ha defendido la política económica del Presidente, dijo que la indexación de las bandas cambiarias suponía “una tontera moderada” y, si bien estimó que la actividad económica crecerá en los próximos dos años, advirtió sobre el riesgo de que el equipo económico “choque la calesita”. “Los astros nos están favoreciendo, no seamos idiotas”, observó, elocuente, Arriazu.
Defensor de eliminar las bandas y dejar libre el precio del dólar, Juan Carlos De Pablo cuestionó esa misma noche con claridad docente que el Central fijara la actualización del dólar al comportamiento del índice de precios. “Hace un año que la tasa de inflación mensual empieza con dos”, dijo De Pablo en una entrevista con Joaquín Morales Solá, y cuestionó que en ese mismo período el Gobierno hubiera dejado otras variables de la economía progresar por debajo de ese índice.
“Es comprarte un problema. Ponerte la política económica en contra”, siguió De Pablo. “Cambiaste el criterio de la banda: hasta ahí compro. Lo que no me gusta es la precisión que le dieron. Un índice de precios puede estar sujeto a cuestiones circunstanciales. Suponete que el índice de marzo da 4, ¿quiere decir que en marzo vas a aumentar (la banda) 4? No me gusta”. De Pablo, se sabe, es un invitado frecuente a los domingos de ópera en Olivos (a propósito, lo atendió a Arriazu por defender un precio fijo para el dólar).
Sería interesante saber a quién de los dos escucharán más el Presidente y el ministro de Economía.
Luis Caputo no tuvo ayer un buen día. Lo eligieron como blanco del naufragio en la orilla del oficialismo en la madrugada del jueves en Diputados. Según mencionaban las crónicas, en despachos del Gobierno le cargaron la controvertida decisión de haber incorporado en el proyecto de Presupuesto la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento de las universidades nacionales, iniciativa rechazada, junto a otros artículos, con 123 votos en contra. PERFIL obtuvo esa misma versión en una oficina encumbrada de la Casa Rosada. Pero a Martín Menem, presidente de la Cámara, le corresponde también lo suyo.
La obsesión
El Gobierno había conseguido antes de la medianoche la media sanción en general de la ley, con 132 votos a favor. Se dejó envolver por un frenesí. Había logrado además imponer que se votara por capítulos, y no por artículos, al momento de la votación en particular. Los legisladores de la oposición (y varios de los que representan a los gobernadores del norte, aliados al oficialismo, que habían votado a favor en general) decidieron rechazar en consecuencia el capítulo XI en su totalidad. El capítulo incluía aquellas dos leyes, que habían sido aprobadas por el Congreso, y que las dos Cámaras confirmaron con más de dos tercios tras el veto presidencial, hace menos de tres meses. Las derogaciones fueron incorporadas al proyecto no hace mucho y no se negociaron con los aliados. Con el capítulo XI también cayó la devolución a la Ciudad de fondos por coparticipación enajenados por el gobierno de Alberto Fernández y una partida de 21 mil millones de pesos destinada a la Justicia, iniciativas con las que el oficialismo buscó blindar el apartado, en vano.
Seis diputados que habían defendido las leyes sobre discapacidad y universidades en octubre pasado esta vez acompañaron al oficialismo (los misioneros Alberto Arrúa, Daniel Vancsik y Yamila Ruiz, y los salteños Pablo Outes y Yolanda Vega, todos del bloque Innovación Federal; más la sanjuanina Nancy Picón Martínez, del bloque Producción y Trabajo, según consignó el sitio Parlamentario). Esa conmovedora muestra de lealtad no alcanzó.
La Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo técnico muy calificado, había estimado el impacto fiscal de la Ley de Financiamiento Universitario y recomposición del salario docente en 0,23% del PBI para 2025. En el caso de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, en un rango de 0,28 a 0,51% del PBI para el mismo ejercicio. Según datos del ministerio de Economía conocidos esta semana, el sector público alcanzó en los primeros once meses del año un superávit primario de cerca de 1,7% y un superávit financiero de 0,6% del PBI respectivamente. Plata hay.
El Gobierno no ha explicado apropiadamente de dónde surge su obstinación en derogar dos leyes que tuvieron un apoyo significativo en el Congreso. En una entrevista con Jorge Fontevecchia, Miguel Pichetto dijo que su inclusión en el proyecto de Presupuesto fue una “provocación”, y no parece desacertado. Pero también fue una torpeza. Ayer fueron insistentes las versiones sobre el profundo malestar del Presidente con gobernadores peronistas y otros que no lo son, a quienes destinó miles de millones de pesos en fondos para asegurar la aprobación del proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso. Es todo un género el de los presidentes enojados.
El revés en Diputados impactó en el tratamiento de la reforma laboral en el Senado. El oficialismo obtuvo dictamen en comisión, pero ante la pérdida de sintonía con los sectores dialoguistas, postergó el debate en el recinto hasta finales febrero, cuando el Presidente convocará a una segunda tanda de sesiones extraordinarias. No habrá media sanción para la reforma laboral este año, un modesto triunfo de los gremios que marcharon muy profesionalmente ayer a la Plaza en su rechazo.
La Cámara alta tratará el próximo viernes 26 el proyecto de Presupuesto con media sanción en Diputados. El oficialismo anticipó que irá por las modificaciones. Se deslizó que Milei vetaría la ley si el Senado no sanciona la versión original.
Dejando de lado cierto aturdimiento que mostró en la madrugada en Diputados, y las lamentaciones que surgieron durante todo el día desde la Casa Rosada, una primera mirada revela que el Gobierno sobreestimó el resultado de las elecciones legislativas de octubre. Fue un voto de confianza, no un resultado “de balotaje”, como supuso el Presidente. No es fácil construir una hegemonía en la Argentina, cualquiera sea la época. Algunos nunca la alcanzaron, cuando parecían tenerla a un tranco de pollo. Milei podría preguntarle a Macri.
Curiosa en medio de todo esto es la indignación de los diputados púrpura del PRO por la negociación y el acuerdo de madrugada entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo por la distribución de cargos en la Auditoría General de la Nación. Un caso de narcisismo herido.
Por Walter Curia
Fuente: Perfil