Las universidades públicas de todo el país serán paralizadas hoy debido a un nuevo paro, convocado por el frente gremial que agrupa a los docentes y no docentes. La huelga, realizada sin concurrencia a las sedes académicas, forma parte de un endurecimiento planificado de las medidas de protesta frente a la falta de respuestas del Gobierno nacional. El eje del reclamo es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso pero cuya ejecución plena permanece frenada por decisión del presidente Javier Milei. En nuestra provincia, la movilización fue convocada a partir de las 16, en las inmediaciones a la Casa Histórica.
Han transcurrido casi 300 días desde que la normativa presupuestaria fue sancionada en el Parlamento sin que la Casa Rosada haya puesto en marcha las partidas correspondientes. A este atraso institucional se le añade el incumplimiento estatal de una medida cautelar respaldada por la Corte Suprema de Justicia, la cual impone la actualización de las escalas salariales del sector universitario con base en los valores registrados en noviembre de 2023. Los informes de los sindicatos marcan que la brecha por la pérdida del poder adquisitivo acumulada rozaba un 28,5% al término del primer semestre de este año.
El reclamo excede el plano estricto del ingreso de los trabajadores e involucra el sostenimiento de las casas de altos estudios. Las entidades gremiales denuncian que el Gobierno vulneró acuerdos sobre el envío de partidas operativas básicas para las facultades y no transfirió los recursos comprometidos para el funcionamiento de los Hospitales Universitarios, instituciones altamente exigidas por la demanda de atención sanitaria pública y la formación práctica profesional.
Los docentes planean agudizar la lucha contra el Gobierno
En este escenario, el conjunto de las agrupaciones gremiales ratificó que la protesta del miércoles 12 de agosto constituirá apenas el puntapié inicial de un mes signado por el conflicto. Desde el ámbito sindical docente, la Conadu Histórica decretó un estado de alerta permanente y oficializó una huelga de cinco días continuos, pautada entre el 18 y el 22 de agosto. Por su parte, el personal agrupado en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) refrendó de manera masiva el paro nacional de 24 horas tras un plenario de su conducción nacional, garantizando el cese total de las tareas administrativas y de mantenimiento.
La postura formal del Gobierno nacional llegó mediante un comunicado del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello. La cartera educativa desacreditó el petitorio de los trabajadores y catalogó la acción de fuerza como “prematura” e “injustificada”. Según la versión oficial, la Nación ha girado los fondos operativos requeridos y no incurre en omisión alguna. Desde el ministerio remarcaron que el personal del ámbito universitario percibió las actualizaciones fijadas en la paritaria del 10 de junio, la cual pautó una suba acumulada del 24,33%, desagregada en un 21,33% abonado en junio y un 3% contemplado para octubre, manteniendo la mesa de negociación abierta hasta la reanudación del cuarto intermedio pactado para el 15 de septiembre.
Sin embargo, las federaciones de docentes rechazaron tajantemente los argumentos del Ministerio de Capital Humano y advirtieron que los aumentos otorgados por decreto de forma unilateral resultan insuficientes para subsanar el atraso salarial o dar cumplimiento a los dictámenes dictados por la Justicia.
Además ratificaron que el ahogo presupuestario compromete la vigencia misma de la universidad pública y advirtieron que las medidas de fuerza se profundizarán de manera sostenida si el Ejecutivo no restituye la ejecución de la Ley de Financiamiento y liquida las partidas correspondientes a la educación superior.