Este jueves el Gobierno podría llevarse una nueva derrota legislativa: el Senado convocó a una sesión para las 11 para tratar el veto a la emergencia en discapacidad.
La oposición busca rechazarlo y en caso de conseguirlo, el Presidente deberá promulgar la iniciativa, no podrá observarla total o parcialmente como hizo inicialmente.
Para abrir la sesión debe haber un quorum reglamentario de, por lo menos, 37 senadores en sus bancas. Número garantizado por los diferentes sectores.
La Constitución establece que el Congreso puede insistir con la sanción de una ley, rechazando un veto, pero deberá contar con la mayoría de las dos terceras partes de los legisladores presentes en cada cámara legislativa. Con esa mayoría insistió Diputados. Y lo mismo deberá ocurrir este jueves en el Senado para que el veto de Javier Milei caiga definitivamente.
La norma que sancionó el Congreso y sostendrá la Cámara alta, propone la declaración de emergencia por un año, habilitando nuevas altas de la pensión por discapacidad, entre otras medidas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal total oscilará entre el 0,28% y el 0,51% del PBI.
De la reunión de Labor Parlamentaria que presidió Villarruel participaron los senadores José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti de UxP; Fernando Salino de Convicción Federal; Eduardo Vischi, Pablo Blanco y Mariana Juri de la UCR; Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro; Francisco Paoltroni de Libertad, Trabajo y Progreso; Natalia Gadano de Por Santa Cruz; Carlos Arce del Frente Renovador de Misiones; Juan Carlos Romero de Cambio Federal; Carlos Espínola y Edith Terenzi de Provincias Unidas ; Lucila Crexell de Neuquén, Alfredo de Ángeli y Martín Goerling Lara de Pro y Ezequiel Atauche de La Libertad Avanza.
Este miércoles el colectivo de personas con discapacidad y sus familiares, encabezados por la actriz Valentina Bassi y Jonathan Yeferley se reunió con distintos senadores y les solicitaron que acompañen el rechazo al veto.
Durante la sesión habrá cuestiones de privilegio por parte de los legisladores que cuestionarán las últimas medidas llevadas adelante por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por las denuncias que presentó en la justicia calificándola como “operación de inteligencia no institucional”, para frenar la difusión de los audios donde se la escucharía a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
Cambios a la ley de reglamentación de los DNU
Con amplio respaldo político, este jueves también se discutirá el dictamen de mayoría que busca modificar la ley de Cristina Kirchner, quien en el 2006 -cuando era senadora- reglamentó la utilización de las facultades presidenciales de dictar normas por medio los Decretos de Necesidad y Urgencia.
Hoy, esa norma es una herramienta fundamental para el Gobierno: le permite suplantar la inferioridad numérica de legisladores propios en el Parlamento. La ley determina que para rechazar un DNU se necesita el voto de ambas cámaras del Congreso; en cambio, para mantener su vigencia, le alcanza con la ratificación de un solo recinto.
El proyecto –que impulsó la oposición en la Comisión de Asuntos Constitucionales- sostiene que los DNU deberán tratarse dentro de los 90 días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial. Si el plazo es superado o una de las cámaras parlamentarias lo rechaza, el DNU queda sin efecto. Además, su aprobación deberá ser ratificada tanto por Diputados como por el Senado. Será la senadora por Córdoba, Alejandra Vigo, titular de Asuntos Constitucionales, fundamentar estas propuestas de cambios que serán rechazadas por los libertarios.
De aprobarse este proyecto pasará a su revisión a la Cámara de Diputados. Allí UxP, junto al amplio abanico de sectores de la oposición quieren discutirlo y darle una rápida sanción. Para ello ya están pensando una sesión especial en Diputados para dentro de una o dos semanas.
También aprobarán una modificación, consensuada por las diferentes bancadas políticas, al Régimen de Retiro Anticipado previo a la Jubilación, destinado a “ampliar el beneficio de retiro anticipado previo a la jubilación para los empleados legislativos, ofreciéndoles a los trabajadores una alternativa más que facilite su camino hacia la misma”.