Luego del impactante traspié sufrido en el Congreso con la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción pero con el rechazo prácticamente unánime a lo esencial del proyecto (extranjerización de la tierra), el Gobierno Nacional ha adoptado algunos lineamientos estratégicos que, eventualmente, le permitan retomar la iniciativa política.
Entre los más importantes: ponerlo a Javier Milei como encargado de la comunicación de todo lo concerniente a las medidas económicas, freezar proyectos de Federico Sturzenegger (a la luz de sus últimos desaguisados) y restablecer puentes con los gobernadores que, a pesar de haberse mostrado casi siempre dialoguistas y propensos a la colaboración, últimamente exhibieron reticencias a respaldar legislativamente algunas iniciativas que el oficialismo consideraba clave.
Sin embargo, hay un tema que para los mandatarios provinciales y sus intendentes es esencial negociar en el recorrido del diálogo con el Ejecutivo pero que en Casa Rosada no están dispuesto a ceder un ápice: la obra pública paralizada, sacrificada en la hoguera del “déficit cero”.
Y no se trata de grandes obras con enormes inversiones sino de algo tan elemental como el mantenimiento de las rutas nacionales que, tras años de abandono por parte de la gestión anarcocapitalista, se encuentran sumamente deterioradas o directamente colapsadas, causando no solo inconvenientes a la circulación de personas y mercaderías sino también muertes.
De hecho, la Agencia Nacional de Seguridad Vial registró alrededor de 4.000 muertes por accidentes de tránsito en 2025, mientras el nivel de ejecución de los recursos disponibles no llega al 20%: sobre $450.000 millones previstos para mayo último solamente se ejecutaron $83.000 millones.
El deterioro también afecta la actividad económica. Por ejemplo, en el corredor que va de Entre Ríos a Vaca Muerta, donde —por ejemplo— cientos de camiones por día transportan la arena utilizada para la fractura hidráulica (fracking) que se extrae principalmente en zonas como Ibicuy y Diamante.
¿Y Vaca Muerta? Así estamos…
Daniela Salzoto, intendenta a Catriel, en el extremo norte de Río Negro y una de las principales puertas de acceso a la Patagonia, denunció que «el estado de abandono y deterioro» de los caminos es tal que, hoy por hoy, son una «trampa mortal» para muchos conductores.
En ese marco y ante la inacción de Nación, fue el propio municipio el que realizó al menos once operativos de bacheo con recursos propios sobre una Ruta Nacional 151, mientras hay “grandes ganancias al Gobierno Nacional a través de los impuestos que tributan los miles de camiones” para pasan cotidianamente por esa vía que empalma con la Ruta 7 para circular desde y hacia el corazón de Vaca Muerta.
“Me cansé”, expresó la jefa comunal luego de esperar infructuosamente que Diego Santilli, entre otros funcionarios, cumplieran sus promesas de intervenir esa ruta, como tantas otras que hoy presentan un deterioro que la convierte en prácticamente intransitable.
Con relación al Impuesto a los Combustibles Líquidos que todo camión que tributa todo camión que circula por la zona, Salzoto se refirió a los $1,5 billones que el Gobierno Nacional subejecuta y retiene para la «timba» que contribuye al sostenimiento del superávit fiscal, dijo por C5N.
La de Catriel y la de tantas otras ciudades de Río Negro, Neuquén y La Pampa, particularmente vinculadas a Vaca Muerta, no es una situación aislada sino que se repite en cada rincón del país donde Nación ha decidido no asumir sus obligaciones más esenciales para desesperación de gobernadores e intendentes.
Pese a contar con los recursos previstos por la legislación vigente. Pero, también se sabe, estamos ante un Gobierno no muy propenso a cumplir con las leyes.