La CGT advirtió que el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno provocaría una pérdida anual de USD 700 millones en las obras sociales sindicales y alertó por un riesgo de quiebra del sistema de salud de los trabajadores.
El impacto se explica por la rebaja de las contribuciones patronales que financian a las prestadoras gremiales, uno de los ejes más cuestionados de la iniciativa oficial.
Mientras el Senado se prepara para retomar el debate en las próximas semanas, la central obrera intensificó las negociaciones informales con funcionarios del gobierno de Javier Milei para intentar modificar artículos que considera «inaceptables».
La prioridad de la conducción sindical está puesta en el efecto directo que la reforma tendría sobre el financiamiento del sistema de obras sociales.
Según un informe especial de la Secretaría de Acción Social de la CGT, la reducción permanente del aporte patronal del 6% al 5% implicaría un recorte equivalente al 0,1% del PBI.
El trabajo fue elaborado por el área que conduce José Luis Lingeri y sostiene que la medida profundizaría la crisis financiera de las prestadoras, con menos cobertura, menos prestaciones y un deterioro progresivo del servicio.
«El desfinanciamiento de las obras sociales sindicales no es un efecto colateral, sino un objetivo político», denuncia el documento.
Allí se advierte que, sin cambios en el texto, el sistema «irá a la quiebra».
Además, la CGT cuestiona otros puntos de la reforma, como la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que afectaría aportes y contribuciones clave para sostener el esquema solidario.
A esto se suma la voluntarización de aportes y la eliminación de la retención automática por parte del empleador, lo que —según la central— fragmenta la recaudación y debilita la capacidad de negociación sindical.
En paralelo, la CGT lanzó una campaña en redes sociales con un mensaje directo: «No está en juego la caja de los sindicatos; está en riesgo tu acceso a la salud», en defensa de un sistema que hoy brinda cobertura a unos 6,5 millones de trabajadores y sus familias. /El Economista