La situación procesal del comisionado comunal de El Mollar Jorge Cruz se agrava con el correr de las horas. En una situación que no es común, el juez que resolvió la restitución provisoria de las tierras de la Reserva La Angostura, pidió también que se profundizara la investigación en contra del funcionario por su posible participación en la causa en la que se investiga usurpación y estafas reiteradas. Esta resolución terminaría de sellar su suerte política.
La Fiscalía de Estado y el fiscal Miguel Varela habían solicitado por escrito que las tierras del “Loteo Gaucho Castro” deberían ser restituidas. José María Molina, que representa la querella que asumió el Gobierno, con las instrucciones de la fiscal Gilda Pedicone, había planteado la necesidad de que la Provincia volviera hacerse cargo de esos terrenos porque le pertenecían y porque era su obligación proteger el medio ambiente y, en este caso particular, se buscaba recuperar una zona protegida por ley.
Varela, que se adhirió al planteo, compartió el criterio de la querella, pero también advirtió que la situación era mucho más grave por quiénes habrían participado de la maniobra. “La información ya incorporada en la presente pesquisa a través de testimonios, informes de diferentes reparticiones del Estado, documentación y elementos secuestrados recientemente, dejan vislumbrar que nos encontramos frente a una organización con roles y tareas definidas que tiene origen en la ex Subsecretaria de Regularización Dominial y de Hábitat de la provincia (recientemente disuelta) cuyo objeto eran los negocios inmobiliarios, principalmente la venta de terrenos fiscales”, sostuvo el representante del Ministerio Público.
“Esta organización procuraba dotar con visos de legalidad a través de trámites irregulares cierta documentación para facilitar el negocio y las futuras ventas de parcelas bajo el manto de desarrollos inmobiliarios lícitos. Una vez obtenida la documentación necesaria, esa puesta en escena, era idónea para inducir a engaño a personas interesadas en adquirir un lote para su vivienda con el consecuente perjuicio patrimonial para las mismas, ya que aquellas parcelas corresponden dominialmente al Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán”, añadió.
Sostuvo además que Juan Pablo Castro (titular del emprendimiento), Fernando Rogel Chaler, Maximiliano Barreiro y Rafael Trujillo (ex titular y empleados de Regularización Dominial, respectivamente), Yanina Mamaní (nuera del último empleado estatal) y Damián Romano (nieto político de Castro) mediante engaños, procedieron a privar de la posesión al Superior Gobierno de la Provincia, quien detenta la titularidad del inmueble, que no sólo es un terreno fiscal, sino un área protegida.
Análisis
El juez Mario Velázquez, al analizar los planteos, resolvió otorgar la restitución de las tierras de manera provisoria durante seis meses y decidió dar un plazo de 10 días hábiles (dos semanas) para que los ocupantes desalojaran el predio. Pero al analizar las presentaciones solicitó que se profundizara la investigación en contra del comisionado Cruz.
Velázquez, en los argumentos de la resolución sostuvo que la ley 7.350 y sus modificatorias dispone que las comunas tendrán a su cargo la urbanización de los pueblos y que son facultades y deberes del comisionado aprobar, previa autorización del Ministerio del Interior, los planos de mensura, división, loteo y, en general, toda la documentación referida a la construcción de obras civiles.
“Conforme las evidencias probatorias que fueron expuestas por el representante del Ministerio Público, el señor Delegado Comunal de El Mollar no sería ajeno, por comisión u omisión, a los presentes ilícitos, ya que en su cargo tiene la obligación de controlar todo lo referente a la urbanización de la comuna a su cargo, y especialmente, lo referente a planos de mensura, división y loteo”, aseguró. “Máxime considerando que, conforme las evidencias mencionadas, el delegado comunal habría recibido pago en terrenos por hacer, nada más y nada menos, que lo que es una de sus obligaciones funcionales”, añadió.
En silencio
Varela investigaba a Cruz. Incluso le envió un oficio exigiendo al funcionario que le informe sobre quién o quiénes eran los desarrolladores del proyecto inmobiliario. La respuesta del funcionario fue contundente. “Luego de una exhaustiva búsqueda en todos nuestros registros, no existe expediente administrativo alguno en la Comuna Rural de El Mollar de presentación de proyecto de urbanización en el loteo conocido como ‘El Gaucho Castro’, barrio El Lago, ubicado en la localidad de El Mollar”, informó Cruz. “No obstante lo expuesto, me pongo a entera disposición del señor fiscal en lo personal y en mi rol de comisionado comunal, como así mismo pongo a disposición los libros de ingreso y egreso de expedientes de la comuna”, añadió.
Los dichos del funcionario se contradicen con los testimonios y pruebas documentales que figuran en el expediente. Algunos de ellos son:
– En agosto de 2023 firmó una declaración jurada para que se les conceda el servicio de agua potable a las personas que habían adquirido los terrenos.
– Los compradores presentaron los recibos de los pagos que realizaron por el empadronamiento de las parcelas que adquirieron.
– Los damnificados también le entregaron al fiscal Varela las facturas de pago del servicio de agua que realizaron en la mismísima sede comunal. Al menos uno de ellos hizo el pago anual en octubre 2024, pero informó que después de que se hiciera público el caso, los empleados de la comuna lo llamaron para pedirle que pasaran a retirar el dinero.
– Podría haber realizado gestiones ante EDET para que la empresa instalara el servicio de energía eléctrica a las viviendas cercanas a la ruta.
– Fue filmado por los compradores en una reunión en la que les pide tranquilidad asegurándoles que todo estaba en regla.
– Los damnificados señalaron que Trujillo y Barreiro los enviaban a la comuna para que constataran la legalidad del loteo. Los empleados confirmaban esa versión.
– Testigos dijeron que Cruz habría recibido dos lotes de parte del emprendimiento porque podría haber realizado las tareas de apertura de calles en el terreno usurpado. Esas tierras, según consta en el expediente, habrían sido vendidas después a dos personas que fueron identificadas.
LA GACETA intentó en vano comunicarse con Cruz para que diera a conocer su versión de los hechos. El gobernador Osvaldo Jaldo sí se refirió al tema en una entrevista que publicó ayer nuestro diario: “La Justicia resolvió y nosotros seguiremos avanzando. Para realizar este tipo de maniobras se necesita la complicidad de empleados y de funcionarios que están o estuvieron en el Gobierno. Voy a ser muy claro: a ellos les tiene que caer todo el peso de la Ley. Nosotros obraremos en consecuencia”, afirmó.
El juez instó a que se desarrolle una audiencia cuanto antes
“Entiende este magistrado que, conforme a lo expuesto por el fiscal, las evidencias probatorias hasta ahora colectadas, resultan harto suficientes para delinear la teoría del caso de la acusación y fijar, en una formulación de cargos, la participación de quienes se sospechan que participaron en los hechos investigados”, sostuvo el juez Mario Velázquez que instó al representante del Ministerio Público que desarrolle cuanto antes la audiencia de formulación de cargos en contra de los seis investigados por usurpación y estafas reiteradas.
“Es fundamental para hacer conocer a las personas que vienen sospechadas el detalle del contenido de la imputación, para que puedan ejercer su derecho de defensa”, explicó el magistrado. “En una causa como esta, ese acto tendrá una relevancia absolutamente mayúscula en el avance de la investigación y en la definición de las teorías de la acusación y la defensa. Por sobre todas las cosas con su declaración o del ejercicio de la defensa por parte de sus abogados, hay un alto grado de probabilidad de que surjan nuevos sujetos involucrados en las maniobras que está investigando el fiscal”, destacó.
Velázquez aclaró que si no se cumple con ese paso procesal, se estaría corriendo de que “se haya utilizado el proceso penal para judicializar conflictos por la tenencia de tierra, y obtener la medida de restitución provisoria, y dejar morir la acción penal (antes) que recurrir a los estrados civiles a discutir, en el marco de un proceso específico, el derecho de las partes respecto del bien inmueble”. La audiencia deberá ser solicitada por la fiscala Mónica García, ya que su colega Miguel Varela cumplía ese rol por estar de feria.
Fuente: La Gaceta