La oposición salió a cuestionar fuertemente el nuevo programa anunciado por el Gobierno de otorgamiento de la ciudadanía argentina por inversión (un aporte único de 350 mil dólares o la suscripción de títulos públicos por 800 mil dólares) y ya se organiza para resistirlo desde el Congreso.
Señalan que el sistema no requiere residencia ni una inversión en el país, que es el plan B para evadir los límites a la venta de tierra extranjera, actualmente en discusión, y que está destinada a los «tecnomagnates». «Si un extranjero paga por la ciudadanía después puede comprar tierras como argentino. Es decir sin límites», sentencian.
Desde el oficialismo aseguraron a Clarín que en la reglamentación se va a especificar cuáles serán las residencias válidas para acceder a la solicitud de la ciudadanía dentro de las tipificadas (transitoria, temporaria, permanente), que «no es una compra, sino una inversión para solicitar la ciudadanía» y que no garantiza su obtención. «Después de un proceso exhaustivo de evaluación, en el que se tienen que dar cuenta del origen de los fondos y otros controles, se decide si se otorga, o no», aclaran.
El martes, desde París y en el marco de la Argentina Week, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, informaron la puesta en marcha del «Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina».
Sin embargo, la oposición advierte que no se trata de una habilitación de la residencia otorgada bajo compromiso de una inversión concreta en el país, algo que existe en la mayoría de las naciones del mundo.
Incluso señalan que la Golden Card que creó Donald Trump en Estados Unidos, por ejemplo, exige una donación de 1 millón de dólares a cambio de la obtención de la residencia en Estados Unidos en tiempo récord, y que con el tiempo la residencia sí da derecho a la nacionalización.
«Es escandaloso que nuestra ciudadanía valga 350 mil dólares, que no se requiera inversión alguna, ni residencia en nuestro territorio», sentenció la diputada de Unión por la Patria, Florencia Carignano, quien aseguró que los «otros países que venden su ciudadanía son San Cristobal y Nieves, Dominica, Granada, Santa Lucía, Antigua, Vanuatu y Nauru».
Los legisladores y ex ministros del peronismo Agustín Rossi y Kelly Olmos ya presentaron un proyecto de Ley de Prohibición de la Venta de la Ciudadanía Argentina.
El texto propone derogar la causal de naturalización por «inversión relevante» y disolver la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, ambas creadas por el DNU N° 366/2025; prohibir expresamente que cualquier pago, aporte, donación o compra de títulos sustituya la residencia que exige la Constitución Nacional; y solicitar la remisión de información al Congreso de la Nación Argentina.
El decreto es del año pasado y hay opositores que reconocen que no presentaron reclamos en ese entonces porque la redacción plantea una «inversión relevante» y esperaban que se especifique.
El decreto señala que serán ciudadanos por naturalización «los extranjeros que acrediten ante la Dirección Nacional de Migraciones, cualquiera sea el tiempo de su residencia, haber realizado una inversión relevante en el país” y agrega «el Ministerio de Economía establecerá qué inversiones serán consideradas relevantes, pudiendo establecer proyectos específicos de inversión a tal efecto”.
Pero ahora que Caputo anunció que la inversión es un pago único al Tesoro de $350 mil dólares o la adquisición de un título público por $800 mil dólares, pusieron el grito en el cielo.
Apuntan además que el cambio es una forma de saltar las restricciones de la Ley de Tierras -que impone límites a la venta de tierra a extranjeros- porque si un extranjero paga la ciudadanía luego puede comprar tierras como argentino. Es decir, sin límites.
«Una ciudadanía comprada se convierte en un atajo para eludir las restricciones y los límites que tienen los extranjeros para comprar tierras argentinas», apuntó Rossi quien asegura que «Milei lo hizo, a pedido de los ’popes de la industria tecnológica’” y que «la ciudadanía no puede tener precio» porque «también es una cuestión de soberanía» y «no un producto que se vende».
La discusión se da en medio de la pulseada por la Ley de Tierras en el Congreso. La oposición pidió una sesión para el 15 de octubre con el fin de voltear el mega DNU 70/2023 de Milei que derogó la norma que fija límites a la venta de tierras a extranjeros.
Qué es lo que anunció el Gobierno
El Gobierno anunció que el programa estará operativo para recibir solicitudes a partir del cuarto trimestre de 2026, y que «propone dos mecanismos simples y transparentes»:
- Realizar un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por USD 350.000.
- Suscribir un título público de USD 800.000 creado específicamente para este Programa.
«Asimismo, podrán aplicar el cónyuge e hijos del solicitante principal, siempre que acrediten el vínculo correspondiente y realicen los aportes previstos para cada categoría. Los cónyuges e hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de USD 100.000 al Tesoro Nacional. Los menores de 18 años podrán hacerlo mediante un aporte de USD 25.000«, agrega el comunicado oficial.
Y aclara: «Bajo este esquema, un grupo familiar tipo integrado por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores, podrá solicitar la ciudadanía argentina por un total de USD 500.000».
Aseguran que «todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con los estándares aplicables en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera. Los recursos obtenidos se destinarán a continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina».
Y que «la evaluación de las solicitudes será liderada por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión e incluirá la intervención de múltiples organismos públicos especializados, entre ellos la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio de Seguridad y el de Interior«. /Clarin