El Servicio Penitenciario Federal (SPF), bajo la órbita de Patricia Bullrich, realizó en la medianoche de ayer el traslado de Alfredo Astiz y otros exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad desde Ezeiza hacia la Unidad 34 de Campo de Mayo. La medida desató una fuerte ola de críticas por parte de los organismos de derechos humanos, quienes afirman que el traslado tiene como objetivo proporcionarles condiciones de detención privilegiadas, muy distintas a las que sufren otros prisioneros en cárceles comunes.
Los diecinueve exmilitares trasladados estaban detenidos en el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza, anteriormente conocido como Unidad 31, un espacio dividido en dos áreas principales: una para mujeres y otra para adultos mayores. El SPF justificó el traslado alegando la sobrepoblación en las cárceles federales y la necesidad de liberar espacio para alojar a mujeres privadas de su libertad.
La controversia sobre el traslado surgió el año pasado, cuando una comitiva de diputados de La Libertad Avanza (LLA) visitó a los represores en Ezeiza, posando sonrientes con ellos, responsables de crímenes de lesa humanidad, sin que revelaran el destino de sus víctimas. Como resultado, esto generó rechazo en la Cámara de Diputados, que presentó expresiones de repudio y solicitó la creación de una Comisión Especial para investigar la visita, discusión que comenzó el 21 de agosto.
Ante esto, la organización HIJOS Capital emitió una declaración pública, recordando el pañuelazo histórico del «No al 2×1 para genocidas» y acusando al gobierno de Javier Milei, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich de beneficiar a los genocidas con un traslado a una cárcel con privilegios. La administración actual respondió a las críticas y aseguró que los represores no fueron enviados a una «cárcel VIP», sino al mismo lugar al que el kirchnerismo envió a otros militares de alto rango, como Jorge «El Tigre» Acosta y Julio «El Turco» Julián.
Astiz, Suárez Mason y otros represores fueron trasladados a una nueva unidad
Según confirmaron a este medio fuentes castrenses y portavoces oficiales, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que encabeza Julián Curi y depende de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, trasladó a un grupo de detenidos, entre ellos nueve exintegrantes de la ESMA: Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro.
En particular, Astiz, Cavallo y Pernías solicitaron celdas individuales para evitar lo que consideran un “agravamiento” en sus condiciones de detención, lo que sugiere que ya contaban con ese beneficio. También solicitaron continuar con el uso de Skype para mantener contacto con sus familias.
Además de los marinos, también fueron reubicados cuatro detenidos del circuito represivo ABO (Atlético, Banco y Olimpo): Juan Carlos Avena, Luis Donocik, Gerardo Arráez y Miguel Ángel Britos.
Con ellos también fueron trasladados otros internos, entre los que se encuentran el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, condenado por corrupción, Pablo García Aliverti, hijo del periodista Eduardo Aliverti y el exfiscal Juan Carlos César Castro, acusado de abuso sexual.
El lugar al que fueron llevados fue construido en 2007 en el predio de una antigua cárcel que estaba bajo control del Ejército, y luego transferido al SPF en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Su objetivo es albergar a detenidos por delitos del terrorismo de Estado, y está identificado con el número 34.
Autoridades del Ejecutivo indicaron: “Al llegar, ya estaban ahí ‘El Tigre’ Acosta, el ex capellán Christian Von Wernich, el médico Héctor Vergéz, entre otros. Nunca se trató de una cárcel de élite, y si lo fue, también lo fue bajo el kirchnerismo”.