La abogada Silvina Martínez presentó una denuncia contra el titular de la Inspección General de Justicia y ex abogado de la familia Kirchner, Ricardo Nissen, luego que su organismo pidiera la intervención del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que preside Patricia Bullrich.
La presentación fue realizada este miércoles por los cargos de «violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad» y por «perseguir a entidades civiles que presiden dirigentes opositores, utilizando el poder del Estado».
Días atrás, el organismo dependiente del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, difundió un dictamen en el que asegura que Bullrich utiliza al IEES para «el sostenimiento» de su «campaña» electoral, en abierta violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos.
En el escrito, además, enumeran una serie de supuestas irregularidades de la fundación de la presidenta del PRO, destinadas «a financiar acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado».
«Permitir campañas de criminalización de entidades civiles por el solo hecho de estar asociadas a personas que no poseen la misma ideología que los miembros del poder ejecutivo es solo el principio. Así comenzaron los regímenes dictatoriales en la región para luego detener en forma arbitraria a aquellos críticos del gobierno», expresó Martínez en un comunicado.
La denuncia de la abogada Martínez afirma que el Gobierno nacional busca «controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines» a la gestión kirchnerista. Y apunta a la designación de Nissen como titular de la IGJ fue, como un intento de encubrir a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández y perseguir opositores como la actual presidenta del PRO.
Además, enumera «puntos controvertidos» en el dictamen del ente gubernamental, que señala un supuesto «exponencial crecimiento» en el movimiento de dinero de la fundación.
«No solo se difunden supuestas irregularidades en el funcionamiento de una entidad civil que preside Patricia Bullrich, sino que se persigue a las personas jurídicas y humanas que resultaron donantes de la entidad o bien asistieron a las distintas actividades que la entidad realizó. De esta forma se divulga información sobre el financiamiento de la entidad civil, violando los derechos de asociación y privacidad, criminalizando la actividad asociativa», sostiene la presentación.
En otros de los puntos, sostiene que no se mide con la misma vara al Instituto Patria, cuya presidenta honorífica es Cristina Kirchner.
«Desde la asunción en el Gobierno de Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández como vice, el Instituto Patria se ha convertido en una sede del Poder en la Argentina. Y así lo reflejan los balances y memorias de la entidad ya que se identifican como parte del Gobierno que maneja el destino de los argentinos. Nada de esto fue observado por el organismo fiscalizador, la IGJ, que conduce Ricardo Nissen, ex abogado de la familia Kirchner», argumenta Martínez.