La crisis institucional en la Policía de Tucumán sumó un nuevo capítulo con fuertes repercusiones internas y políticas. En una jornada marcada por allanamientos, detenciones y versiones de renuncias que finalmente no se concretaron, el Ministerio Público Fiscal avanzó sobre una trama de presunta corrupción que involucra a jefes policiales de la Unidad Regional Norte (URN) y otras dependencias. Pese a la gravedad de lo revelado, el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa aseguró: “No habrá cambios en la fuerza”.
La investigación se aceleró tras la denuncia presentada por una mujer que, por cuestiones de seguridad, permanece en el anonimato. La denunciante afirmó que desde noviembre del año pasado comisarios de la URN le exigían pagos semanales que iban desde $ 800.000 hasta $ 1,5 millones para permitir el desarrollo de fiestas en Lomas de Tafí, Tafí Viejo y Yerba Buena. Cuando dejó de pagar, según su relato, comenzaron los operativos sorpresa: irrupciones en los eventos, detenciones y un hostigamiento que —según dijo— terminó por fundirla económicamente.
Ante este testimonio, la fiscal Mariana Rivadeneira ordenó una quincena de allanamientos simultáneos en domicilios de jefes policiales y civiles. Las medidas apuntaron a incautar teléfonos celulares y documentación que respalde la hipótesis de una red organizada de recaudación ilegal. Entre las pruebas aportadas por la denunciante se encuentran capturas de mensajes, transferencias bancarias y un comprobante que habría ido a parar a la caja de ahorro donde un comisario percibe su sueldo.
Los avances del caso se producen en medio de otra investigación que ya tiene procesados a altos mandos de la URN por utilizar presos y personal policial para construir la casa del ex comisario Gustavo Beltrán en El Cadillal. Beltrán cumple seis meses de prisión preventiva en Benjamín Paz y su segundo, Sergio Juárez, también figura entre los señalados. A ellos se suman otros nombres que ya habían aparecido en episodios controvertidos como el “Caso Gargiulo”.
En paralelo, la Justicia detuvo al comisario retirado Jorge Mastafá —ex director de Tránsito de la Municipalidad capitalina— y al comisario Marcelo Soraire, ex jefe del destacamento de Casa de Gobierno.
Ambos quedaron a disposición del fiscal Diego López Ávila, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a usurpar propiedades con conflictos sucesorios o documentación irregular. El expediente sostiene que la organización las vendía a terceros con papeles falsificados, y que los policías implicados habrían fraguado actas, usado testigos falsos y filtrado información sensible para garantizar la maniobra.
A pesar de la tensión dentro de la fuerza y de que al menos 18 comisarios están bajo observación, el Gobierno provincial descartó cambios inmediatos. Agüero Gamboa y el jefe de Policía, Joaquín Girvau, se reunieron con el gobernador Osvaldo Jaldo en una jornada que despertó una “danza de nombres” sobre posibles reemplazos en la cúpula policial. Finalmente, hubo respaldo político y se optó por sostener la estructura mientras avanzan las investigaciones.
El ministro confirmó además que todos los ascensos quedan suspendidos y que la propia Policía colaboró en parte de los procedimientos, como gesto de “depuración interna”. Girvau fue categórico: “Vamos a apoyar a los buenos policías y perseguir a los que actúan fuera de la ley”.
La fiscal Rivadeneira, que aún no dictó procesamientos, anticipa que podrían sumarse nuevas denuncias a medida que más víctimas tomen conocimiento de la causa. Con dos comisarios detenidos, otros imputados en procesos paralelos y casi una veintena de jefes bajo la lupa, la crisis en la URN abre un interrogante mayor: hasta dónde llegará la investigación en una fuerza que atraviesa uno de sus momentos más críticos en años.
Fuente: Contexto