La causa por la venta ilegal de terrenos en la Reserva Natural La Angostura, en El Mollar, sigue generando novedades. El comisionado rural Jorge Cruz respondió al requerimiento del fiscal Miguel Varela con un informe que dejó más dudas que certezas: afirmó que en la comuna no existe expediente administrativo relacionado con el proyecto inmobiliario “Loteo Gaucho Castro”. Este emprendimiento es el eje de una investigación que apunta a una posible red de irregularidades.
La declaración de Cruz, presentada por escrito, sorprendió a los investigadores, ya que el mismo comisionado habría tenido un papel activo en el desarrollo del loteo. Según testimonios de compradores, Cruz no solo habría avalado la venta de las tierras, sino que también habría aprobado trámites clave e incluso adquirido algunos lotes, los cuales podría haber vendido posteriormente. Además, existe un video donde el funcionario aparece asegurando a los adquirentes que todo estaba en regla, lo que contradice su reciente afirmación.
“Luego de una exhaustiva búsqueda en todos nuestros registros, no existe expediente administrativo alguno en la Comuna Rural de El Mollar sobre el loteo ‘Gaucho Castro’”, informó Cruz, quien añadió estar a disposición de la Justicia, poniendo los libros de ingresos y egresos de expedientes de la comuna a disposición del fiscal Varela.
El caso comenzó en octubre, cuando empleados estatales descubrieron ocupaciones en zonas protegidas de la Reserva Natural La Angostura. La Policía destruyó cercos y construcciones, y una jueza dictó una medida de no innovar para detener las ventas y proteger el medio ambiente.
Posteriormente, la Fiscalía de Estado analizó documentación presentada por los compradores y denunció penalmente a Juan Pablo Castro, de 85 años, por usurpación y estafas reiteradas. Según los damnificados, Castro sería un testaferro, mientras que otros nombres, como Rafael Trujillo y Maximiliano Barreiro, emergieron como posibles responsables de la maniobra.
Trujillo, apodado “ingeniero” por los compradores, sería un empleado de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat. Por su parte, Barreiro habría firmado un plano presentado ante Catastro, que nunca fue aprobado.
El informe de Cruz detonó una “bomba” en el Centro Judicial de Monteros y sus repercusiones alcanzaron a la Casa de Gobierno. Además de responder a las acusaciones en su contra, el comisionado deberá afrontar dos frentes: su posible imputación por parte del fiscal Varela, quien analiza su rol en la maniobra, y la decisión del Ejecutivo provincial sobre su continuidad en el cargo.
Mientras tanto, los compradores continúan aportando testimonios y pruebas que revelan la magnitud de las irregularidades. La causa sigue en desarrollo, con la atención puesta en el desenlace judicial y político que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la venta ilegal de tierras en zonas protegidas.