El legislador Eduardo Bourlé, aliado al bloque oficialista del Frente de Todos y dirigente de la Asociación Bancaria, elevó un pedido de informes ante la comisión de Energía de la Legislatura para requerir que se cite a representantes de la Empresa Eléctrica de Tucumán (EDET) y del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) a los fines de que expongan ante los legisladores.
Entre otros puntos, Bourlé busca que se expongan detalles sobre la «campaña en la vía pública de la empresa EDET» con «pegatinas en varios lugares de la provincia, en la cual se hizo hincapié en que se realizaron inversiones por $15.000 millones en obras de infraestructura en Tucumán».
«Se funda el presente pedido en razón del permanente incumplimiento por parte de la empresa prestadora de energía eléctrica EDET a lo prestablecido contractualmente, y que tiene que ver con la excelencia del servicio, hoy más que nunca alejada de la realidad», sostuvo el legislador del bloque Lealtad Peronista.
Entre otros argumentos, aseguró que en Tucumán «contamos con el pago de la tarifa más cara del país». Y cuestionó la «falta de inversión, lo cual provoca ineficiencia de la prestación en general y los cortes desmedidos en particular».
«La presente situación muestra sin duda alguna la falta de respeto a los ‘usuarios’, y los más grave, el daño que provoca la indiferencia a los reclamos permanentes de la comunidad ante los cortes, dañando considerablemente la calidad de vida de los ciudadanos», arremetió el sindicalista bancario.
Y advirtió que esto afecta desde «familias tucumanas que se tratan con medicamentos que requieren de una cadena de frío», hasta alimentos y a personas «electrodependientes, que necesitan estar conectados a un aparato para su tratamiento por un grave estado de salud».
A todo ello, dijo Bourlé, se suma «la exposición a altas temperaturas en los peores meses» del verano tucumano.
«Lesiona derechos fundamentales»
«EDET SA incumple de manera sistemática, generalizada, reiterada, persistente y constante con su obligación de prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica a los domicilios de los usuarios residenciales de Tucumán», añadió. Y dijo que «se trata de una conducta que es actual y que lesiona derechos fundamentales de los usuarios».
«Nos preguntamos dónde está reflejada la inversión de $15.000 millones en obras de infraestructura y mejora del servicio en nuestra provincia», enfatizó el legislador.
Y recordó que se encuentra bajo estudio de la comisión de Energía y Producción un proyecto de su autoría, presentado en 2022 (expediente 334-PL), que propone la prohibición de los cortes de servicios públicos domésticos. «Aún no ha sido tratado», reclamó. Y dijo que, por no tener dictamen, se «impide el tratamiento en el recinto», cuando su aprobación «significaría indiscutiblemente una respuesta a las familias tucumanas».
Fuente: La Gaceta