Este viernes fue elevado un pedido de captura nacional e internacional en contra de Rodolfo Tercero Burgos, actual director de Canal 10 de Tucumán y uno de los dos representantes de la UNT (Universidad Nacional de Tucumán) en el directorio de la señal de todos los tucumanos.
La solicitud fue realizada por la querella de la abogada Daniela Moris, madre de la víctima de abuso sexual por la cual se investiga como autor al funcionario y docente universitario de la Facultad de Derecho, ante la falta de comparecencia de Burgos ante la Justicia para aclarar datos tendientes a conocer su domicilio real. El procesado tenía 72 horas para presentarse a tribunales, plazo que se cumplió el pasado viernes.
En el escrito presentado por Gustavo Morales, abogado patrocinador de Moris, se acusa al director de Canal 10 de “omitir maliciosamente informar al tribunal de juicio que su actual domicilio real no es el que consta en la causa”. Indica que desde el 22 de abril del año pasado figura en la causa un domicilio en que el procesado no reside hace por lo menos seis meses.
“Tenía hasta el día viernes a las 13 horas para presentarse. Pero, además, debía actualizar su domicilio hace un mes, desde que la causa está en la Sala 3 de la Cámara Penal Conclusional”, explica el letrado.
En este sentido, Morales recuerda que una situación similar se había registrado a fines del año pasado, cuando Burgos logró demorar tres meses la notificación personal de la resolución de elevación a juicio, dictada el 22 de diciembre pasado, por no poder contar el tribunal con datos fehacientes de su domicilio real. Una actitud reincidente que para el abogado querellante configura un “comportamiento procesal desleal, deleznable y manifiestamente dilatorio”.
Ahora es la Justicia tucumana la que deberá resolver sobre el pedido de la querella. Una decisión que no deberá pasar del próximo martes 12 de septiembre al mediodía.
La denuncia en contra de Burgos
El hecho fue denunciado el 13 de julio de 2021 y ratificado 9 días después ante la Justicia Penal provincial por la abogada Daniela Moris, expareja de Burgos y madre de la menor, en una causa judicial que derivó en pericias psicológicas a la presunta víctima como al denunciado, la realización de una Cámara Gesell – y órdenes de restricción con el fin de no entorpecer la investigación.
Luego de la Cámara Gesell a la menor, en septiembre de 2021, Burgos fue sometido a un psicodiagnóstico en diciembre del 2021, según consta en la causa.
Tras la denuncia y posterior investigación, la Justicia dictó contra Burgos tres prohibiciones de acercamientos a su expareja, su hija y la psicóloga Medina -que detectó los indicios de abuso en la menor-, realizadas el 30 de julio, 13 de octubre y 1 de diciembre de 2021.
En junio de 2022, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual N° 2, a cargo del fiscal Fernando Blanno expresó que se encontraba acreditado el delito en contra de la menor, que por ese entonces tenía 3 años.