El Gobierno avanza en la reconversión de los planes sociales. El ministerio de Capital Humano quiere transformar los programas de transferencias directas en una política de vouchers para que los beneficiarios financien capacitaciones que los acerquen al mercado laboral.
La marcha de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que movilizó a trabajadoras de comedores y merenderos comunitarios a las puertas del ministerio de Capital Humano no modificó los planes oficiales. Las organizaciones sociales piden la actualización inmediata de los $78 mil que reciben desde 2023, después de que el Gobierno congelara los haberes de los planes sociales, y exigen un bono de emergencia.
La ministra Sandra Pettovello reconvertió en 2024 el programa Potenciar Trabajo que agrupaba a casi 1.300.000 beneficiarios en dos: Volver al Trabajo (VAT), con casi un millón de inscriptos en la subcartera de Empleo; y el Programa de Acompañamiento Social (PAS), que cobran más de 200 mil personas, en su mayoría mayores de 50 años o madres de cuatro o más hijos menores, que se mantuvo en la órbita de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y heredó las competencias de Desarrollo Social. Casi la mitad del universo de ambos programas vive en el conurbano bonaerense.
“Estamos trabajando en un sistema de vouchers para que la gente en todo el país pueda capacitarse en lo que quiera en trabajos que sean útiles para cada una de las regiones”, reiteran cerca de la ministra de Capital Humano.
Pettovello avanza en la implementación de una prueba piloto: el Centro de Formación de Capital Humano, que serviría de modelo para el sistema de vouchers. En este espacio, el Ministerio busca habilitar capacitaciones y otorgar certificaciones progresivas de formación profesional y docente, con práctica y teoría para oficios. «No vamos a avalar cualquier cosa», advierten allegados a la ministra.
La ministra mantiene conversaciones con grandes empresas, que quedarían a cargo de las capacitaciones. En el coloquio de IDEA en Mar del Plata conversó con dueños y gerentes de grandes compañías dispuestos a sumarse a la iniciativa oficial. Entre quienes le habrían dado el sí se cuentan los representantes del gigante de pintura Sinteplast y Arcos Dorados (McDonalds).
La idea es que la Cartera de Capital Humano ponga a disposición los edificios y la manutención de los mismos y las empresas cubran las áreas formativas, aunque resta por definir cómo se financiarán materiales más allá de los que proveerían las empresas involucradas.
La ministra ya piensa en escalar la propuesta a nivel nacional y llevarla a provincias y municipios de todo el país antes de fin de año. “Estamos trabajando a todo vapor. Tendremos que hablar con gobernadores e intendentes”, se entusiasman en su entorno.
El proyecto, sin embargo, todavía está verde. Esta semana habrá nuevas reuniones entre los representantes de empresas y Pettovello, que está al frente de la iniciativa y quiere acelerarar la implementación del programa. “El objetivo es capacitar a formadores que puedan llevar ese aprendizaje a otros centros de formación”, explican las compañías que son parte de las conversaciones.
Arcos Dorados ya había firmado en septiembre un acuerdo para incorporar a 10 mil trabajadores, que estuvieran desempleados desde hacía por lo menos tres meses y se hubieran inscripto en la bolsa de trabajo del Ministerio, aunque no dieron certezas de que acompañarán la nueva iniciativa del Gobierno.
Sinteplast, en tanto, ya desarrolla cursos de capacitación gratuitos para pintores para hogares, automotores y construcción. El desafío, si se concreta la iniciativa, es expandir el alcance de esos cursos y módulos a cientos de posibles interesados.
El Gobierno había inaugurado el año pasado el Plan Fomentar de formación, que otorgaba apenas $45 mil para capacitaciones virtuales y $78 mil para presenciales. Entre los primeros se cuentan actualmente nada más que 267 beneficiarios que realizan actividades en 169 instituciones. Solo 24 mil beneficiarios se forman hoy en 51 instituciones avaladas por el ministerio.
Dudas internas y críticas
Pettovello quiere replicar la prueba piloto y su apuesta por los vouchers en todo el país. Algunos de los técnicos que asesoran a la ministra comparan el programa con una optimización de Empalme y Puente al Empleo de los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández y afirman con crudeza que apenas el 10 por ciento del universo de beneficiarios del VAT puede optar por un trabajo en blanco formal. “El resto -con muy escasa formalización y sin escolarización terminada- tiene que optar por trabajar en la economía popular o en aplicaciones”, diagnostican.
Las organizaciones sociales cercanas al peronismo y que no tienen puentes con el actual Gobierno, tienen una opinión similar. “En el gobierno de Alberto, como en el de Macri y ahora el de Milei, las estadísticas de los que conseguían un trabajo ´formal´ era muy baja. No hay capacidad del mercado de absorber la demanda. Fracasa siempre”, sostiene el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, referente del Movimiento Evita y mano derecha del secretario de Economía Social Emilio Pérsico en la gestión de Fernández.
La estrategia de las organizaciones ahora es sectorial: después de la marcha con cocineras del jueves, los movimientos sociales harán otra, el viernes, con vendedores ambulantes a la sede de Trabajo. El ministro del área bonaerense Walter Correa se reunió con ellos y avanzará con un registro del sector. Antes, la UTEP había realizado otra marcha frente al Palacio de Hacienda con urbanizadores de barrios populares. A fin de mes, se movilizarán al Consejo del Salario.
Las organizaciones sociales trabajan en un informe que presentarán en diciembre para incorporarlo al debate sobre la reforma laboral en las sesiones extraordinarias. Respaldados antes por el papa Francisco y ahora con el aval de su sucesor León XIV, a quien visitaron semanas atrás, también tienden sus propios puentes con empresarios del círculo rojo.
En el plano legal, hay presentaciones judiciales por el congelamiento del salario social complementario (SSC) que perciben los beneficiarios del VAT y del PAS y por las bajas. «El Estado tiene la obligación de explicar si un programa se cierra, las razones y qué alternativas ofrece, porque de lo contrario se afecta el principio de no regresividad», reiteran los abogados del CELS.
En total, Pettovello ordenó suspender 73.279 beneficiarios y dio de baja 2.260 planes. Por una sentencia judicial, tuvo que dar marcha atrás con miles de las 27 mil bajas que había ordenado.
Capital Humano desenganchó el SSC del salario mínimo y levantó la obligatoriedad de la contraprestación laboral. «Pueden quedarse en sus casas sin trabajar si así lo desearan por los próximos dos años (…)», le dijo el año pasado el secretario de Trabajo Julio Cordero a Clarín, en alusión al tiempo que se extendería el VAT.
La inversión social del gobierno de Milei se concentró en la AUH y en la Tarjeta Alimentaria que en 2023 cubría el 54 por ciento de la canasta básica alimentaria y ahora llega al 94 por ciento, según los cálculos oficiales.
Lo disruptivo no fue solo el cambio de diseño institucional de transferencias directas condicionadas que en la Argentina se inauguraron en 2002 con el programa Jefes de Hogar. Los mismos se expandieron con el Argentina Trabaja (2009) durante la gestión de Cristina Kirchner, para duplicarse con otros nombres durante la administración de Macri y volver a multiplicarse hasta una cifra récord durante el gobierno del Frente de Todos.
Para limitar la influencia de las organizaciones en la conflictividad social, no solo pesó el poder represivo del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. Pettovello eliminó la obligatoriedad de la contraprestación laboral a beneficiarios y le quitó así el poder de fiscalización a las unidades de gestión que pertenecían en muchos casos a cooperativas vinculadas a los movimientos sociales. En el Gobierno destacan que el monto del SSC congelado obliga a los beneficiarios a salir a buscar trabajo y funcionarios del área advierten que desarmar el VAT antes de tiempo es casi inviable por los procedimientos burocráticos y legales que implicaría.
Fuente: Clarín