El conflicto por los terrenos en El Mollar, aledaños al Dique La Angostura, sigue escalando. En un marco de tensiones, vecinos y el Gobierno de Tucumán presentan versiones contrapuestas sobre la situación de un loteo conocido como “Gaucho Castro”.
Desde fines de octubre, el Ejecutivo provincial reforzó controles en áreas cercanas al Dique La Angostura, argumentando que hay construcciones ilegales en terrenos fiscales. Según funcionarios, varias edificaciones y lotes se levantaron sin los permisos correspondientes, lo que llevó a la implementación de una medida cautelar de «no innovar».
Entre los propietarios figura María Argañaraz, quien asegura haber comprado su lote de manera legítima. “Esto fue un avasallamiento del Gobierno. Yo soy compradora de buena fe, vivo acá todo el año, trabajo y mi hija menor de edad también reside conmigo”, afirmó a LA GACETA, mostrando una serie de documentos que, según ella, prueban la legalidad de la transacción.
Los documentos y la disputa
Argañaraz presentó boletos de compraventa homologados, certificados por escribanos y planos con el logo de la provincia. Asegura que su lote, identificado como el número 24, está registrado en Catastro y que incluso cuenta con habilitaciones de servicios básicos, como electricidad.
«Pagamos todo lo que nos pidieron. Está certificado por una escribana y registrado en la comuna. No entiendo cómo ahora nos llaman usurpadores cuando las mismas autoridades avalaron estos trámites», sostuvo.
El gobierno, por su parte, insiste en que estas tierras son fiscales y no pueden ser vendidas. Además, señalaron que las construcciones continuaron a pesar de las medidas judiciales vigentes. Uno de los propietarios que desoyó la orden judicial permanece detenido con prisión preventiva, lo que eleva aún más la tensión en la zona.
Los vecinos afirman sentirse estigmatizados por las acusaciones. “Nos llaman usurpadores sin siquiera investigar. Mi hija ha sufrido mucho; es señalada en la escuela como si fuéramos delincuentes”, expresó Argañaraz.
La comunidad de aproximadamente 20 familias asegura que las irregularidades no son responsabilidad de los compradores, sino de quienes les vendieron los lotes. Según Argañaraz, el delegado comunal de la zona había validado los documentos en reuniones previas.
El pedido de los vecinos
Los propietarios exigen una pronta resolución judicial y un diálogo abierto con las autoridades. “Queremos que se investigue y se aclare este malentendido. Si algo estuvo mal, no fue por nuestra parte; pagamos todo en tiempo y forma”, declararon.
Mientras tanto, el conflicto sigue vigente. El Gobierno mantiene los controles en la zona y ha colocado carteles indicando que se trata de un área protegida bajo medida de no innovar.
Fuente: La Gaceta