La dura partida de bridge político que vienen sosteniendo el oficialismo y la oposición por cada silla del Consejo de Magistratura quedará formalmente expuesta este martes, cuando a las 10 juren ante la Corte Suprema de Justicia once de los diecinueve consejeros que deberían hacerlo. Como el vigésimo integrante del organismo es el presidente del máximo tribunal, hasta que no se incorporen los ocho representantes del Congreso, el nuevo Consejo sólo tendrá el 60 por ciento de sus miembros.
Ellos son los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit; los abogados Miguel Piedecasas, Héctor Recalde, Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez; los jueces Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, María Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero, y el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz.
El máximo tribunal no aprobó aún las designaciones de los cuatro diputados y cuatro senadores, formalizada la semana pasada por las autoridades de cada Cámara ante el Consejo y la Corte.
El conflicto está concentrado en la nómina entregada por la Cámara Alta, en la que se leen los nombres de los senadores oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate, y el radical Eduardo Vischi. En un fallo firmado hace dos semanas, la Corte rechazó la designación de Doñate formulada en abril, para completar el período que concluyó el viernes pasado.
Recordemos: en aquel momento, el oficialismo dividió su bloque de senadores en dos; el primero con una mayoría de 21 senadores bajo el nombre de Frente Nacional y Popular, y el segundo, de 14 integrantes, que se llama Unidad Ciudadana. Luego de esa jugada, designó a tres peronistas para el Consejo: dos por la mayoría, y uno por la segunda minoría. El cuarto consejero, representante de la primera minoría, fue nominado por el radicalismo.
De inmediato, Juez acudió a la justicia para reclamar la vacante por aquella segunda minoría, que con la martingala previa había quedado en manos de Doñate.
Mientras la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal tramitaba ese expediente, el Consejo y la Corte admitieron a Doñate en el organismo. Pero el 8 de noviembre, en un fallo durísimo, el máximo tribunal dio vuelta las sentencias de primera y segunda instancia, rechazó la división «artificial» del bloque del Frente de Todos en el Senado, y le dio la razón a Juez como legítimo representante del PRO en el Consejo.
La titular del Senado, Cristina Kirchner, desobedeció esa decisión, insinuando por primera vez un conflicto de poderes. Días después, el pasado viernes 18 de noviembre, era el último día en que el Consejo debía sesionar con la integración decidida en abril, cuyo capítulo en el Senado había sido cuestionado por Luis Juez.
Pero para el nuevo período, que comenzará con los juramentos de este martes y finalizará en noviembre de 2026, el oficialismo ratificó los términos de su jugada y volvió a postular a Doñate como representante de segunda minoría, mientras que el PRO hizo lo mismo con Luis Juez.
Con los mismos argumentos y los mismos protagonistas, no hay motivo alguno para razonar una respuesta diferente por parte de la Corte, cuando vuelva a llegar a sus manos el nuevo amparo que el senador cordobés inició la semana pasada.
Pero el diablo está en los detalles. Fuentes judiciales consultadas por este diario se sorprendieron por la falta de reacción de la oposición para reclamar inmediatamente después del fallo de la Corte la designación de Juez, y luego la desobediencia de Cristina Kirchner por no acatar esa sentencia. En todo caso, razonan, el nuevo amparo sirve para pelear por la silla del PRO para el futuro.
Otra picardía: la nueva designación de Doñate -que choca de frente con la orden judicial- no fue firmada por Cristina sino por la presidenta previsional del Senado, la santiagueña Claudia Ledesma. Si no se reclama el incumplimiento anterior, las consecuencias desde ahora se las llevará otra persona.
El juego es más amplio; la Corte, que valida todas las designaciones y toma juramento a los consejeros, se reúne en sesión de Acuerdo este jueves, cuando puede tomar alguno de varios caminos: admitir las designaciones de los ocho legisladores comunicadas la semana pasada y esperar a que el amparo de Luis Juez llegue a sus escritorios, recibir las credenciales de los cuatro diputados –Vanesa Siley y Rodolfo Tahilade por el oficialismo, Roxana Reyes por la UCR y el larretista Álvaro González por el PRO- y no las de los senadores, aprobar a todos menos a Doñate, o ignorar todo y ni siquiera considerar la cuestión.
«Con una integración de veinte personas, el quórum es de doce consejeros presentes», explica uno de quienes jurará este martes en el cuarto piso del palacio de Tribunales. «Esa es la cantidad total de miembros que el organismo tendrá ahora, es decir que si se retira uno de los oficialistas ya no se podrá sesionar.»
Ese posible escenario tendría a su vez más consecuencias teóricas que prácticas, o al menos no cambiaría la incapacidad en el Consejo para que oficialistas u opositores aprueben ternas de candidatos a jueces o sanciones y eventuales jurys de enjuiciamiento sin los votos del otro bloque, ya que esas dos funciones trascendentes de organismo requieren de los dos tercios de los votos del plenario.
En principio, la administración de todo el Poder Judicial -excepto la Corte, que maneja su propio presupuesto- tampoco debería resentirse, ya que hay un administrador en funciones y con firma para resolver el día a día de la gestión. Pero claro, están los detalles. Si hiciera falta el respaldo del plenario para alguna decisión que el administrador no tiene potestad para tomar por sí mismo, habría que esperar a que el quórum sea restablecido.
Las especulaciones avanzan y se ramifican como los senderos de los jardines borgeanos, cuando a la receta institucional se la incorpora el inestable ingrediente de la política agonal del kirchnerismo frente a la justicia. Un mero repaso por los nombres de los consejeros oficialistas designados en todos los estamentos exhibe el dedo personal de Cristina Kirchner en esa selección, compuesta por amplificadores fieles de sus órdenes y deseos.
¿Quién está enfrente? Según la vice, los ministros de la Corte. En Tribunales rechazan esa trampa, según la describen en sus despachos. «El avance de los K es sobre la oposición, que reclama en los juzgados por ese avasallamiento. Pero siempre son los opositores los perjudicados. En todo caso, la Corte defenderá el cumplimiento de sus propios fallos, pero no está para velar por los intereses de nadie», advierten.