El Gobierno debería negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para modificar las metas fiscales pactadas en el documento de facilidades extendidas y financiar la caída de recursos en dólares producto de la sequía. Al menos así lo entienden algunos analistas privados.
Por las inclemencias del clima que golpea a la fábrica de dólares de la Argentina, el agro, el Ejecutivo debería “de manera rápida” adaptar la meta fiscal de 1,9% del Producto Bruto Interno acordada con el organismo multilateral para el 2023, dejándola al menos en 2,4% del PBI. Advierte un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF)
El escenario no tiene muchas chances de ser otro, según el estudio del instituto que conduce Nadin Argañaraz, el cual sostiene que por la sequía caerá el volumen de las cosechas, por lo que también va a ser menor la exportación de materias primas y derivados, por ende, menor será la oferta de dólares.
Al exportar menos, dado que la Argentina cobra derechos de exportación, también se verá afectada la recaudación; y por efecto directo e indirecto también se va a recaudar menos de impuesto a las ganancias, de impuesto al cheque y de otros impuestos, de los tres niveles de gobierno, sostiene el análisis.
Cuadro fiscal del 2023, sin sequía y con sequía
Para este año 2023, el sector público nacional no financiero tiene acordado el compromiso de obtener un déficit primario de 1,9% del PBI, lo que implica un esfuerzo de 0,5 puntos porcentuales del PBI, partiendo de un déficit de 2,4% del PBI en 2022.
Del análisis del presupuesto y de las proyecciones del FMI, surge que el camino a transitar implica una baja de 1,4 puntos porcentuales de los ingresos totales, en el escenario sin sequía planteado por el IARAF.
Por ende, el gasto primario tiene que reducirse en 1,9 puntos porcentuales, obteniendo así los 0,5 puntos porcentuales necesarios para lograr la meta. En efecto, sin sequía, los ingresos totales caerían este año un 4,4% real y los gastos deberían hacerlo en un 6% real. “El esfuerzo luce significativo”.
Ahora bien, si se agrega la caída de ingresos tributarios por sequía, la reducción necesaria del gasto es mucho mayor. En este escenario, los ingresos totales caerían 1,9 puntos porcentuales del PBI y el gasto primario tendría que hacerlo en 2,4 puntos porcentuales del PBI. En términos reales, los ingresos caerían 7% y el gasto debería hacerlo un 8,5%.
¿Conviene acelerar entonces un acuerdo con el FMI?
“Es un trimestre complicado para cumplir con las metas establecidas con el FMI. La sequía que anticipa una menor entrada de de dólares, la necesidad de importar mayor energía a raíz de las altas temperaturas y la necesidad de las empresas de divisas para poder importar insumos, después de 4 meses de estancamiento de actividad local, dificulta el cumplimiento de las metas”, señaló la economista Natalia Motyl en diálogo con PERFIL.
“Los egresos fiscales se acrecientan, en tanto los ingresos merman frente al desorden macroeconómico. Por otro lado, el nivel de reservas empieza a caer. Ya nos encontramos en reservas de rápida disponibilidad, descontando el oro, en rojo por debajo de los US$ 3.000 millones. Eso afectaría el respaldo del peso, agudizaría la caída de la demanda y presionaría al alza los precios”, agregó.
Para el economista y docente UBA, Guido Lapa, no se debería negociar con el FMI el acuerdo de las metas, sino directamente impugnar todo el pacto al considerar que es un contrato inflacionario y que está sumergiendo a gran parte de la sociedad en la miseria.
“Me cuesta pensar en la necesidad de adaptar las metas con el Fondo, porque para mi es un acuerdo que debería ser impugnado desde todos los puntos de vista. El gran problema no es la meta o el número final al que tiene que llegar el Gobierno, entendiendo que se va a reducir la recaudación por las retenciones, sino fundamentalmente sobre qué sector o clase social va a recaer el ajuste fiscal”, señaló en declaraciones a este medio.
“Lo que el Gobierno viene haciendo hasta ahora son medidas estrictamente antipopulares, de recortes en los planes sociales, de una caída de las jubilaciones en términos reales. Con eso no solo se está cavando su propia fosa electoral, sino que está sometiendo a una gran parte de la población a condiciones absolutamente miserables”, añadió.
¿Cómo se podría alcanzar la meta fiscal?
“Yo creo que el dólar soja III sería una gran opción aunque no creo que inclusive puedan llegar a cumplir la meta así. Es muy probable que recurran al waiver, en un año así es imposible que se cumpla la meta con el FMI. Se ha hecho más de una vez y este año no va a ser la excepción”, señaló Motyl al respecto.
Lapa, por su parte, opinó: “Si después el FMI le da al Gobierno un poco más de cuerda o no, pienso que pasa a un plano secundario, porque las prioridades sobre qué clase social es la que es ajustada, el Gobierno las tiene totalmente invertidas”.
Y agregó: “No se trata de maniobras para alcanzar la meta fiscal, porque de maniobras este Gobierno está lleno, ya que el cumplimiento de las metas del último trimestre se lograron sobre la base de posponer pagos y con toda clase de contabilidad creativa. Se trata de entender que el acuerdo realizado con el FMI no lleva a una mejoría de la economía argentina, sino que lo empeora en todos los aspectos”.
El panorama luce adverso
El futuro de la economía argentina no luce favorable. Según Motyl, shock energético anticipa una estabilización de precios de energía recién en 2024/25 y hoy el país necesita importar energía, la cual también se utiliza para producir fertilizantes que usa el agro, por lo que las presiones podrían ser aún mayores.
El problema se agrava si se le suma la desaceleración económica de los países compradores de productos básicos y la estabilización de los precios de los alimentos que, le dejó a la Argentina un buen ingreso de dólares el año pasado.
Al respecto, Motyl señaló: “Todo esto prevé menores entradas fiscales, en un año electoral dónde el gasto siempre se acrecienta. Hoy no veo posible que cumplan ni con las metas fiscales ni las de reservas”.
Fuente: Perfil