La procesión va por dentro. Es interior, como los problemas que esta semana que pasó agobiaron a la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo. El Oeste es un punto cardinal conflictivo para la Casa de Gobierno. El mandatario no pudo disimular su molestia frente a tantos problemas que llegaron desde Juan Bautista Alberdi. La difusión del audio que involucra a funcionarios del municipio con presuntos casos de comercialización de drogas causó un impacto profundo en el poder. Tanto que no sólo le cambió el humor al mandatario, sino que movilizó mucho más de la cuenta a casi todo el gabinete justo al final de la jornada administrativa en el Estado.
“Encárguense ustedes de hablar con él”, dicen que afirmó el titular del Poder Ejecutivo cuando le transmitieron que el intendente de Alberdi, Luis “Pato” Campos, se dirigía a la Casa de Gobierno. Ustedes eran los ministros Darío Monteros (Interior) y Regino Amado (Gobierno y Justicia). La reunión fue áspera y se realizó mientras el gobernador saludaba a los periodistas en el anticipado agasajo en el Salón Blanco. En la puerta del despacho lo esperaba la fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls y el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur. Ambos preparan los instrumentos jurídicos para avanzar con una decisión política que se caía de maduro, pero que se demoró mucho más de la cuenta por la recopilación de antecedentes en una jurisdicción con problemas de inseguridad y delictivos de arrastre. La siesta del viernes se interrumpió para todos; incluso para el mismo Jaldo que acostumbra a descansar antes de salir de gira por el interior. La convocatoria al edificio de 25 de Mayo y San Martín fue abortada. Varios de los funcionarios cambiaron de rumbo y se fueron a Trancas para asistir a la inauguración de la Expo Láctea 2025, sin el gobernador.
La intervención al municipio es un remedio extremo en momentos políticos críticos. Requiere un cúmulo de argumentos para aplicarlos, más allá de un audio. Eso es lo que piensa el mandatario para diferir la decisión. Sería este mismo lunes, tras una reunión de gabinete, en el que los ministros estamparían su firma para avanzar con la decisión que, además, incluiría la convocatoria a elecciones en los próximos 120 días. Eso implicaría que aquella intervención sería total. Es la alternativa más drástica que se analiza. El gobernador se refugió en su Trancas natal para tomar la decisión. Las alternativas son de las más diversas. Pedir un cambio de gabinete al actual jefe municipal es la más leve. Intervenir el Departamento Ejecutivo y que asuman las autoridades del Concejo es una salida intermedia.
“No voy a renunciar”, dijo Campos al retirarse el viernes del Palacio de Gobierno. En su descargo público, tras la difusión del audio, reconoció que su voz es efectivamente la que se escucha en la conversación grabada, aunque negó tener cualquier vínculo con el narcotráfico. Explicó que la grabación se remonta a un año atrás y se centra en una conversación sobre un robo sufrido por una tercera persona.
¿De qué depende una posible intervención? La recolección de antecedentes terminará hoy mismo. Jaldo recibirá un informe y mañana las pondrá en la mesa de definiciones. Eso sustentará cualquier instrumento jurídico que el Poder Ejecutivo elabore. Avanzar con esa decisión requiere, por un lado, contar con un técnico que se haga cargo del municipio hasta tanto se convoque a elecciones. Por el otro, que haya consenso en la Legislatura para respaldar una definición en ese sentido. El radicalismo, por ejemplo, está dispuesto a presentar un proyecto para solicitar la intervención si es que el Ejecutivo no lo hace. En este aspecto hay dos caminos legales: el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) o elevar una iniciativa por ley.
El artículo 139 de la Constitución Provincial, que se refiere a la autonomía municipal, es claro en ese sentido. “En los casos de acefalía total o grave desorden institucional que ponga en riesgo la forma republicana de gobierno, los municipios podrán ser intervenidos mediante ley sancionada al efecto por el Poder Legislativo. La intervención tendrá como principal objetivo hacer cesar las causas que la motivaron, restableciendo el orden institucional y político en el municipio”, indica el texto. “En ningún caso, el plazo de la intervención podrá exceder los 180 días, debiendo convocarse al pueblo a elegir autoridades municipales para completar el resto del período”, continúa. Jaldo sondea si hay consenso para tomar una decisión de fondo. No está tranquilo.
Oxígeno transitorio
Pero no sólo Juan Bautista Alberti estuvo en el ojo de la tormenta oficialista. Tafí Viejo sigue dando que hablar dentro de la Casa de Gobierno. Según trascendió, la intendenta Alejandra Rodríguez se comunicó con el gobernador con el fin de solicitarle un auxilio financiero para que esa Municipalidad pueda abonar sus compromisos salariales.
Luego del embargo trabado contra las cuentas municipales por una deuda con la Dirección General de Rentas y su posterior levantamiento, el fiscal municipal taficeño, Victor Schedan, habló de favoritismo de la Casa de Gobierno con Banda del Río Salí; antes, había denunciado que existe “asfixia financiera y discrecionalidad política” contra la intendencia del Oeste. El jueves pasado, Jaldo autorizó un anticipo de $ 400 millones para que Tafí Viejo disponga del dinero que necesita para salarios del distrito. Se trató de un anticipo del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) correspondiente a mayo. “No asfixiamos a nadie; siempre tuvimos voluntad de ayudar”, dijeron en el entorno del mandatario.
Fuente: La Gaceta