El Poder Legislativo de Tucumán debatirá este jueves el proyecto de Presupuesto 2026, un paquete de gastos que roza los $ 5 billones y que proyecta un superávit fiscal de $ 708 millones. La discusión llegará al recinto atravesada por cuestionamientos opositores, con modificaciones impulsadas por el oficialismo y con dictámenes contrapuestos que anticipan un debate intenso.
La comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el justicialista Carlos Gallia, firmó la semana pasada el dictamen de mayoría, aunque introdujo cambios respecto del texto original enviado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Daniel Abad.
La modificación más relevante fue la eliminación del artículo que pretendía ajustar las transferencias a los poderes del Estado y organismos de control en función de la evolución de la recaudación nacional y provincial, un mecanismo que la oposición había calificado como riesgoso en el actual contexto económico.
El oficialismo, sin embargo, mantuvo el artículo incorporado el año pasado que permite trasladar los excedentes financieros al ejercicio siguiente, una herramienta clave para la gestión fiscal del Ejecutivo.
En paralelo, Claudio Viña, único opositor en la comisión, presentó un dictamen en minoría que propone recortar amplias facultades al Gobierno: desde limitar las modificaciones presupuestarias sin autorización legislativa hasta prohibir la toma de créditos por hasta U$S 250 millones sin aprobación de la Cámara. También plantea restituir la vigencia plena de la Ley de Administración Financiera para el control del presupuesto de las 93 comunas.
Las críticas opositoras no quedaron ahí. Legisladores como Silvia Elías de Pérez y Manuel Courel cuestionaron la falta de información detallada sobre la ejecución presupuestaria, así como la ausencia de datos específicos sobre los fondos que la Provincia transfiere a los municipios y comunas. Señalaron además que el proyecto llega al debate “como un libro cerrado”, con escaso desagregado técnico difundido públicamente.
Según el resumen distribuido por la presidencia de la comisión, varios organismos sufrirán una reducción porcentual respecto al año en curso. Entre los afectados figuran el Poder Judicial, que pasará de recibir el 5,33% del presupuesto al 4,48% ($ 223.412 millones); el Ministerio Público Fiscal, que baja del 1,17% al 1,05% ($ 52.508 millones); el Ministerio Pupilar y de la Defensa, del 1,42% al 1,24% ($ 61.575 millones); y Desarrollo Social, que cae del 5,48% al 4,44%. También se destaca el fuerte recorte porcentual al Instituto Provincial de la Vivienda, que descenderá del 3,26% al 1,36% ($ 67.680 millones). El Poder Legislativo, por su parte, verá reducido su peso del 3,94% al 3,69%.
En contrapartida, algunas áreas resultarán proporcionalmente beneficiadas. El Ministerio del Interior subirá del 1,16% al 1,98% ($ 98.473 millones); Economía y Producción, del 2,27% al 3,16% ($ 157.246 millones); Gobierno y Justicia, del 0,75% al 0,93%; y el Siprosa, principal prestador del sistema de salud provincial, pasará del 15,94% al 17,42% del total, con un presupuesto estimado de $ 867.757 millones.
El tratamiento del Presupuesto 2026 se dará además en el marco de una nueva prórroga de emergencias legislativas —una práctica habitual en los últimos años— que asegura al Ejecutivo mayor flexibilidad administrativa. Para la oposición, estas herramientas profundizan la delegación de facultades; para el oficialismo, resultan imprescindibles para sortear un escenario económico nacional que se mantiene incierto.
Con dos dictámenes en mano y un clima de reproches cruzados, la sesión del jueves se encamina a ser una de las más relevantes del año legislativo. El proyecto, clave para el funcionamiento del Estado en 2026, promete abrir una discusión que excede los números y pone en foco el equilibrio de poderes en Tucumán.
Fuente: Contexto