La bancada radical reclama para votar el Presupuesto 2027 que se refuercen las partidas destinadas a atender las personas con discapacidad y se mantenga la actualización automática de la Asignación Universal de Protección Social, el cual el oficialismo quiere sancionar el 18 de noviembre en la Cámara de Diputados
La UCR tiene seis legisladores que son claves para que La Libertad Avanza (LLA) pueda sancionar el Presupuesto 2027, dado que se trata de un aliado que siempre acompaña los proyectos del oficialismo y con el cual busca reeditar alianzas electorales en varias provincias administradas por el radicalismo.
A diferencia del Senado, la bancada del radicalismo de diputados -que preside Pamela Verasay- responde a los mandatarios de la UCR de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Chaco, Leandro Zdero; de Corrientes, Juan Pablo Valdes; y del PRO de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
Los radicales respaldan el dictamen de mayoría sobre discapacidad que se votará el próximo miércoles, el cual mantiene el nomenclador nacional y establece un mecanismo permanente para actualizar las prestaciones por discapacidad, así como las pensiones no contributivas por invalidez.
En ese sentido, reclaman que se eliminen los artículos del Presupuesto que modifican la actual ley de discapacidad y se incluyan los artículos de ese despacho, así como las partidas correspondientes para cumplir con la norma.
Esta posición también es respaldada por el resto de los bloques que forman parte de Fuerzas del Cambio, el MID, el PRO y Por Santa Cruz.
Asignaciones
Otro punto clave que pide la UCR es que se mantenga la actualización por inflación de la Asignación Universal para Protección Social, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y la ayuda escolar.
El Poder Ejecutivo eliminó el ajuste automático por inflación (la fórmula de movilidad) de estas asignaciones.
El Gobierno destina unos 9,18 billones de pesos al pago de esos beneficios sociales, que alcanzan a más de 4 millones de personas.
Universidades
Los radicales aguardarán la exposición del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, para definir qué postura adoptarán, ya que el Gobierno estableció recursos por un total de 7,3 billones de pesos y las universidades piden 11 billones de pesos.
El diputado del MID, Eduardo Falcone, indicó a la Agencia Noticias Argentinas que se deben incluir los puntos del dictamen de mayoría sobre la ley de discapacidad y reforzar las partidas previstas en el Presupuesto Nacional.
Además, solicitó formalmente el incremento de las Becas Manuel Belgrano, las cuales están destinadas de forma exclusiva a impulsar carreras estratégicas para el desarrollo económico y tecnológico del país.
También pidió que se destinen de «manera urgente partidas presupuestarias y la reasignación de fondos remanentes de un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)» para reactivar la construcción de la autovía en el tramo Mercedes – Suipacha (y su posterior continuidad hacia Bragado).
En la misma línea, solicitó para la Ruta 3 la reactivación y finalización del tramo de 27 kilómetros entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs.
Discapacidad
El Gobierno incluyó cuatro artículos que eliminaban puntos centrales de la Ley 27.793, que declaró la emergencia en discapacidad hasta fin de año, y ahora el oficialismo analiza anular estos puntos del Presupuesto 2027, los cuales son rechazados por todo el arco opositor.
La inclusión de estos artículos generó una fuerte polémica entre el oficialismo y los bloques opositores, incluidos los aliados de la Casa Rosada.
Por ese motivo, La Libertad Avanza promueve ahora un proyecto junto a otros bloques para mantener varios puntos de la ley en vigencia.
La bancada de LLA quiere debatir esa iniciativa este miércoles, mientras que la oposición busca sancionar una prórroga de la emergencia de discapacidad por un año más.
El Ministerio de Economía incluyó en el Presupuesto recursos por un monto de 7,25 billones de pesos, de los cuales 6,094 billones serán destinados a Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, y 1,1 billones para la atención médica de beneficiarios de Pensiones No Contributivas.
Sin embargo, con la nueva ley habrá un impacto fiscal para el 2027 de unos 600.000 millones de pesos, por lo que se deberán reforzar las partidas destinadas a ese fin.