El reclamo de legisladores de la oposición para que se reglamente la Ley de Prohibición de la Tracción a Sangre (N° 9.810) puso en alerta a los carreros. La Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores (Faccyr), a través de su Regional Tucumán, emitió un comunicado en el que advirtió que ese método de trabajo es el sustento de muchas familias, y solicitó que haya una transición justa, sin persecuciones, ni dejando a nadie en el camino.
Expusieron en el texto que están de acuerdo con avanzar hacia nuevas formas de movilidad y de trabajo, pero consideraron que no debe suceder a costa de perseguir a quienes viven actualmente de la economía popular. “La reglamentación de la Ley 9.810 no puede convertirse en una herramienta de castigo. Hoy la tracción a sangre es el sustento de muchas familias. Antes de prohibir hay que reconocer a los y las trabajadoras de la economía popular, porque somos quienes todos los días movemos el mercado interno”, consideraron.
Una realidad no elegida
“No pedimos privilegios, pedimos reconocimiento, trabajo, capacitación y alternativas reales. Perseguir, decomisar carros o aplicar multas sin soluciones lo único que hace es empujar a más familias a la pobreza. Detrás de cada carro hay una historia de lucha y de trabajo. Nadie elige esta realidad por gusto. Por eso reclamamos una transición justa, con el Estado acompañando, sin dejar a nadie en el camino. Erradicar la tracción a sangre puede ser una meta, pero hacerlo con persecución no es justo ni humano”, ahondó la Faccyr.
En la Legislatura ingresó la semana pasada un pedido de resolución firmado por José Cano, Silvia Elías de Pérez y Alfredo “Freddy” Toscano para que el Gobierno reglamente la norma que fue sancionada en abril de 2024 y que da un plazo de un año desde su entrada en vigencia para brindar capacitaciones para facilitar la transición a prácticas no violentas.
“La falta de reglamentación implica en la práctica un doble derecho de veto, lo que constituye una violación a los principios contenidos en la Constitución Nacional o Provincial, con el agravante de que esta omisión implica bloquear la voluntad legislativa”, expuso el ex diputado.
El legislador señaló que a diario se ve en la provincia “casos de animales que mueren a la vera de las calles y rutas, víctimas del maltrato humano y la desidia de un Estado que aún sigue ausente”.
“Sufren persecución”
Úrsula López, una de las referentes de la Regional Tucumán de la Faccyr, declaró a LA GACETA que son conscientes de que hay personas que maltratan a los animales, pero aseguró que muchos compañeros tratan a los animales como un miembro más de la familia. Remarcó en ese sentido que trabajar con un carro es la única manera que tienen de sustento para sus familias.
“Hay compañeros que no están pudiendo salir a trabajar porque sufren persecución y tienen que ver de dónde sacar para comer”, relató. Estimó que solamente en San Miguel de Tucumán puede haber al menos unos 250 carreros y reconoció que no cuenta con estadísticas a nivel provincial.
El año pasado, cuando se debía la prohibición de la tracción a sangre en la Legislatura, el legislador Hugo Ledesma -uno de los impulsores de la norma- mencionó que se estimaba que unos 1.500 carros son tirados por animales en la provincia.
López indicó que mantuvieron diálogos con el Gobierno para ir encontrando una solución que permita sacar a los animales delante de los carros y que los trabajadores puedan seguir adelante con sus tareas. En ese sentido, opinó que tiene que llevarse a cabo de manera correcta. “¿De qué sirve que le des un motocarro a un compañero que no sabe leer ni escribir si no podrá sacar el carnet de manejo?”, ejemplificó. Dijo que en la planta de reciclado tienen algunas tricicletas para que los recolectores urbanos puedan realizar sus trabajos, pero que dos fueron robadas.
La referente local de la Faccyr advirtió que están dispuestos a dar batallas en las calles si se pretende avanzar con la reglamentación sin dar una solución de fondo a los trabajadores.
El proyecto de resolución fue girado a la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura para su estudio.
Fuente: La Gaceta