La oposición dio el batacazo el martes pasado al aprobar en el recinto de la Cámara de Diputados la creación una comisión investigadora que se encargará de rastrear las huellas de la responsabilidad política del presidente Javier Milei y de altos funcionarios de su gobierno en la criptoestafa $Libra.
Las pesquisas ordenadas por el fiscal Eduardo Taiano, así como el avance de la causa colectiva abierta por damnificados en Estados Unidos, abre el interrogante acerca de cuál es el límite de las competencias que tendrá la comisión investigadora en la Cámara baja para no interponerse en el camino de la Justicia.
También es lícito preguntarse qué duración tendrá la comisión investigadora desde su constitución hasta la elaboración de los dictámenes y posterior disolución, así como los objetivos trazados y su composición.
El dictamen de mayoría aprobado por 128 votos positivos, 93 rechazos y siete abstenciones resuelve estas y otras preguntas.
En el artículo 2°, se establecen como objetivos “investigar la sucesión de hechos vinculados a la promoción y difusión de la criptomoneda $LIBRA”, y “determinar el grado de participación y la responsabilidad política de Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni, Luis Caputo, como también la de todos los ministros y funcionarios públicos involucrados en el caso”.
En el artículo 7°, se enumeran las “atribuciones” adjudicadas a la comisión investigadora.
En primer lugar, se menciona la función de “remitir oficios y solicitar informes, documentos y antecedentes que sean relevantes al objeto de la investigación a entes públicos o privados».
En segundo término, la comisión investigadora podrá “convocar a funcionarios públicos y terceros interesados, como también tomar declaraciones testimoniales”.
Entre las atribuciones también se encuentra la de “recibir denuncias, escritas u orales, y material probatorio sobre el objeto de la investigación, como asimismo efectuar denuncias ante los organismos competentes, que resulten del curso propio de la investigación”.
Por otra parte, se incluye la función de “recabar información relacionados con el objeto de la investigación, pudiendo solicitar a organismos públicos nacionales y/o provinciales, universidades e instituciones científicas la realización de peritajes y estudios técnicos”.
En tanto, la comisión investigadora podrá “poner en conocimiento de las autoridades competentes el incumplimiento, resistencia, desobediencia, reticencia, demora, obstaculización o cualquier otra actitud tendiente a interferir en el normal y efectivo desarrollo delas actividades de la comisión”.
En el artículo 10°, se estipula un plazo de tres meses a contar desde la constitución oficial de la comisión investigadora para que finalice la producción de informes, dictámenes y conclusiones.
“Una vez agotado el objeto de la investigación, o transcurrido el plazo máximo fijado, y dentro de los 30 días corridos, debe elevar un informe final a la Cámara de Diputados de la Nación detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos”, se señala.
La fórmula para integrar la comisión investigadora es lo que está en estos momentos en el ojo de la tormenta, con los bloques disputándose lugares de representación en la misma.
En el artículo 3° se establece que la comisión estará integrada por «dos miembros designados a propuesta de
cada bloque o interbloque parlamentario que cuente con más de cinco integrantes; y un miembro designado a propuesta de cada bloque o interbloque que cuente con cinco integrantes».
“Además, por cada veinte diputados/as que integren dichos bloques o interbloques, se les sumará un miembro adicional”.
Este último párrafo dio pie para que tanto La Libertad Avanza como su segunda marca, el PRO, ensayaran un artilugio legal para ensanchar su base de representación en la comisión investigadora y equilibrar fuerzas con la oposición.
La Libertad Avanza integró a la diputada Paula Omodeo (CREO) en un nuevo formato de interbloque y al llegar a 40 miembros se ganó el derecho a designar a un integrante adicional para la comisión investigadora.
Lo mismo hizo el PRO que se reconfiguró en un interbloque para anexar a los tres diputados del MID (Oscar Zago, Eduardo Falcone y Cecilia Ibañez) y al fueguino Jorge Garramuño, pasando de 37 a 41 integrantes.
Al superar ambos espacios la línea de los 40 diputados podrán tener, cada uno, un delegado extra en la comisión.
Así las cosas, de no mediar más reestruturaciones de bloques, la oposición contará con 13 miembros y el oficialismo y sus aliados la misma cantidad.
Este empate es suficiente para que el oficialismo pueda bloquear el quórum de las reuniones, que se activa con la mitad más uno de sus miembros, y de esa forma paralizar su funcionamiento y neutralizar sus objetivos.