El proyecto de Ley Penal Juvenil que impulsa el Gobierno para bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años se tratará el viernes próximo en el Senado.
Luego de haber recibido media sanción en Diputados, con 149 votos afirmativos, el debate se trasladará a la Cámara Alta, donde el oficialismo ya logró el dictamen de comisión, lo que habilitó llevar a cabo su tratamiento de manera inmediata.
Desde La Libertad Avanza (LLA), el fundamento para la modificación de la ley vigente (22.278) es que dentro de los países de la región Argentina está por fuera de los estándares con los que se legisla en el resto de los países de Latinoamérica.
Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.
La letra oficial
Por otra parte, el oficialismo argumenta que “aumentaron los delitos cometidos por menores” de entre 12 y 15 años, con una participación “creciente” en delitos graves, lo que genera una sensación de «injusticia» e «impunidad», dos situaciones que el Ministerio de Seguridad, hoy comandado por Alejandra Monteoliva y previamente por la actual senadora libertaria Patricia Bullrich, pretenden combatir desde el inicio de su gestión.
Asimismo, se busca actualizar una norma que fue instalada en el año 1980 por considerarse necesaria la instalación de “un marco legal moderno” que se adapte al escenario actual de la delincuencia juvenil.
Por último, señalaron desde LLA que muchas bandas utilizan a menores de edad como parte de los hechos delictivos que cometen porque saben “que no pueden ser procesados” y este proyecto pretende contrarrestar esa estrategia.
¿A qué se debió el cambio de 13 a 14 años que presentaba el proyecto inicial?
El oficialismo originalmente había impulsado el proyecto que iniciaba la punibilidad de los menores en los 13 años; aunque tuvo que comenzar una “negociación parlamentaria” con los bloques dialoguistas y elevarla a 14 para lograr el consenso político y, por ende, los votos necesarios para obtener la primera media sanción en Diputados.
Con esa modificación, aseguró el acompañamiento de las fuerzas aliadas como el PRO y la UCR, que señalaban que los 14 años representaban un límite más equilibrado y estaban en sintonía con el resto de los países de la región.
Esta decisión también estuvo acompañada por los resultados que hubo durante el debate en comisiones, donde especialistas en desarrollo cognitivo y neurología aseguraron que, si bien un menor puede comprender lo que hace a los 13, los 14 años ofrecen un marco más rígido para determinar la responsabilidad penal y la capacidad de comprender la criminalidad del acto.
¿Cuáles son las penas que propone el proyecto de Ley Penal Juvenil?
El proyecto oficialista propone, para delitos menores, penas de hasta 3 años, mientras que, para hechos graves, como homicidios, abusos y/o secuestros, establece un tope de 15 años de prisión, con una extensión de hasta 20 años en casos puntuales.
Asimismo, y de acuerdo con cada situación particular, la iniciativa posibilita la obtención de la libertad asistida y el régimen de amonestaciones, además de tareas comunitarias y programas educativos o de capacitación laboral, dentro de un marco socioeducativo con el foco puesto en la reinserción del menor en la sociedad.
Por último, también quedó implícita una posible reparación económica o mediación por parte del menor que haya cometido un delito, con el consentimiento de la víctima.
¿Dónde permanecerán los jóvenes que cometan delitos?
El régimen prohíbe que los menores convivan con adultos y plantea la creación de centros de detención e institutos especializados con personal capacitado en niñez y adicciones, o bien permanecer en una unidad separada dentro de un penal.
Según el oficialismo, estos centros estarán enfocados en la educación y en la salud de los niños y jóvenes: para menores de 15 años que cometan delitos graves, se contempla una posible internación para lograr su resocialización, bajo control judicial.
¿Cómo se financiará el proyecto?
De acuerdo con lo establecido por el Gobierno Nacional, y mediante la incorporación de un capítulo presupuestario específico, se destinarán más de $23.700 millones para la realización de nuevos centros de detención y la contratación de personal especializado para la supervisión de los menores detenidos.
Luego de la negociación que llevó a cabo con bloques dialoguistas, el oficialismo se enfocará en la construcción de institutos especializados y en la contratación de personal interdisciplinario, para evitar el alojamiento de los niños y adolescentes en cárceles convencionales destinadas a los adultos.
Desde lo conceptual, es una ley que combina una mirada punitivista con un enfoque de resocialización, con penas graduales, castigos alternativos y medidas complementarias para la reinserción ciudadana.