Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, el presidente del Tribunal Oral Federal N° 2, Jorge Gorini firmó dos importantes documentos judiciales este martes 10 de junio. En el primero, dictaminó que la presidenta del PJ y otros ocho condenados (Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, José López, Raúl Pavesi, Nelson Periotti, José Raúl Santibañes y Juan Carlos Villafañe) se presenten en su despacho en un plazo máximo de cinco días; en el segundo, le solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que determine dónde serán ubicados todos ellos.
El magistrado, que fue quien condenó a la exmandataria a seis años de prisión en primera instancia, también estableció que Cristina Kirchner y el resto de los convictos tendrán que ser alojados en dependencias de una fuerza federal “que cumpla con las condiciones adecuadas”, esto incluye instalaciones de Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal.
Gorini, además, le señaló al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich que la máxima referente del PJ tiene 72 años y necesita “condiciones especiales de seguridad y custodia” por “haber sido presidenta y vicepresidenta de la Nación”, pero también por el intento de magnicidio del que fue víctima el 1 de septiembre de 2022.
Quién es Jorge Gorini
El juez Jorge Gorini tiene 57 años y se graduó de abogado en la Universidad del Salvador. Tras un extenso recorrido en la Justicia de instrucción, que incluyó ser titular del juzgado criminal 36, asumió como miembro del Tribunal Oral Federal N° 2 en septiembre de 2011, durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, a quien condenó en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Como integrante de ese tribunal, Gorini fue acusado por la defensa de la expresidenta de parcialidad por los encuentros que tuvo con Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Este planteo fue rechazado por extemporáneo.
Además, un informe del Consejo de la Magistratura confirmó que al juez le intrusaron sus declaraciones juradas, robándole datos personales. Posteriormente, hubo 12 accesos no permitidos a su base biométrica del RENAPER (Registro Nacional de las Personas).
Con la información que se obtiene de las declaraciones juradas más los datos biométricos un experto puede armar una identidad falsa para que una persona aparezca en lugares donde nunca estuvo.
Gorini, además, denunció que, desde una unidad básica de La Cámpora, situada cerca de su casa, le sacaban fotos “cuando entraba y salía, al igual que los movimientos de la familia”.
En septiembre de 2022, cuando se realizaba la etapa de alegatos en el juicio oral y público, en la puerta de la vivienda del juez encontraron un paquete sospechoso que debió ser detonado por el escuadrón de explosivos.
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, solicitó por escrito a la Cámara Federal de Casación Penal que aumentara la custodia de Gorini y de sus compañeros de jurado, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, cuando los militantes kirchneristas incrementaron los pedidos en redes sociales para ir a sus casas y escracharlos. Uno de los tuits que generó más preocupación fue de @kike_MPD, quien arrobó a La Cámpora y exigió: “Hay que difundir los domicilios de estos jueces y fiscales de este pelotón de fusilamiento, si no se ataca con el mismo calibre no se puede”.
En los últimos días, la presión sobre el fiscal que impulsó el caso Vialidad en la instancia oral, Diego Luciani, volvió a crecer, al igual que sobre Basso, Giménez Uriburu y, especialmente, Gorini, quien, como presidente del Tribunal el lunes 9 de junio fue el encargado de comunicarle a la Cámara Nacional Electoral que Cristina Fernández de Kirchner y los demás convictos quedaban inhabilitados para ejercer cargos públicos a perpetuidad.