La ex policía de la Bonaerense Griselda Inés Ortiz (45) vendía en sus redes sociales la experiencia de ir a Ucrania para luchar contra Rusia como una aventura heroica. Pero “por privado” el gancho era otro: al menos 1.000 dólares por mes con un bono de 700 si el destino era en la primera línea de fuego.
Una oferta nada despreciable si se tiene en cuenta que la propia Griselda -a la hora de pedir su baja de la Bonaerense- cobraba 1.200.000 pesos de básico en mano, lo que la obligaba a redondear con horas extras. Ella ganó más con la guerra, yendo a pelear a fines de 2025. De eso dan fe la decenas de fotos con uniforme militar y armas largas que compartió en sus dos perfiles de Facebook y su cuenta de Instagram. Pero después el negocio mejoró más, como reclutadora.
Según las pruebas por las que el fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola la detuvo el fin de semana pasado, Griselda y su novio enviaban a Ucrania contingentes de entre 10 o 15 personas cuyos pasajes pagaban con fondos aún no claros. El viaje era sin regreso, el que iba debía quedarse al menos 6 meses. Si quería volverse lo amenazaban con un cargo de deserción, o pagar 2.500 dólares de indemnización. La mayoría ni siquiera tenía celular propio “por miedo de que se comuniquen con el enemigo”, tampoco pasaporte.
El contrato real -que los interesados nunca veían antes de viajar- era de tres años para integrar una fuerza especial de apoyo a las tropas de Ucrania. Algunos de los reclutados tenían experiencia (ex militares o miembros del Grupo Halcón) pero otros apenas habían cumplido la mayoría de edad y no tenían idea de lo que les esperaba. Fueron estos últimos, al menos unos 15, los recurrieron a la Embajada argentina para pedir ayuda.
A Griselda no la detuvieron en el frente de batalla con una captura internacional con fines de extradición. La fueron a buscar, y la encontraron, en su casa de Tigre. Su último destino como policía había sido cerca, en la Comisaría de la Mujer y la Familia del mismo partido.
Allí estuvo hasta que decidió pedir la baja, que se efectivizó el 11 de marzo. Para ese entonces comenzaba a ser investigada. En la Bonaerense estuvo 9 años y cuatro meses. Sin contratiempos. Comenzó como “Pitufa” en la Policía Local (así se los llamó por los colores de su uniforme) en el 2015 tras pasar por la Escuela de Policía de Prevención de Tigre y en 2022, ya en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, recibió el premio “estímulo” por su buen desempeño.
Madre de cinco hijos de entre 20 y 28 años, si algo queda claro del repaso de sus redes es que la experiencia en Ucrania le cambió la vida en más de un aspecto. Su novio, Jorge Alberto Otero (38) -un ex policía federal, físicoculturista y dueño de un gimnasio- era socio en el negocio de reclutamiento, de acuerdo a la investigación.
“Publicamos información sobre Griselda en septiembre de 2025, cuando formaba parte de la ‘Unidad Avanzada’ del GUR. Sin embargo, creo que pronto se dio cuenta de que el dinero estaba en reclutar a sus compatriotas”, se jactó este lunes un sitio pro ruso que se encarga, entre otras cosas, de deschavar mercenarios extranjeros. El GUR (por su siglas en ucraniano) es la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania que también maneja unidades operativas en el frente.
“Se logró detectar la modalidad del reclutamiento de hombres jóvenes ex integrantes de las fuerzas públicas con conocimiento de manejo de armas de fuego para ser trasladados mediante ofertas laborales engañosas hacia las zonas de conflicto armado en el continente europeo, ocultando la naturaleza real de las actividades, la firma de contratos en idiomas desconocidos, la retención de documentos, la imposición de condiciones coercitivas y en algunos casos, la vinculación directa a hostilidades armadas”. Así empieza el “Alerta Morada” que Interpol Colombia giró a sus pares de la región el jueves.
Bajo el título “Modus Operandi: Trata de Personas con fines de Trabajo forzoso en Conflicto Armado”, la circular describe cómo se manejan las bandas que llevan “carne de cañón” a la guerra, ya sea para el lado ruso como para el ucraniano.
Un caso en Tucumán
El caso de Ortiz es uno de los nueve que recopilaron los fiscales Alejandra Mangano y Marcelo Colombo de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Estas investigaciones en su mayoría tramitan en la Justicia Federal de Lomas de Zamora porque es la jurisdicción del Aeropuerto de Ezeiza.
También habría un caso en Tucumán y otro en Santa Fe.
A eso hay que sumarle cinco casos más tomados por la línea 145 contra la trata de personas que fueron denunciados por familiares de gente que quedó varada en Ucrania. La Cancillería Argentina esta siguiendo el fenómeno de cerca hace varios meses, alertada por argentinos que pidieron ayuda en Kiev.
Al parecer la guerra entre Zelensky y Vladimir Putin se alimenta de extranjeros. Algunos versiones indican que desde el año 2022, unos 27.000 extranjeros (de unos 130 países) fueron reclutados para el conflicto bélico. Latinoamérica no es la excepción. /Clarín