La pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el encarecimiento del costo del financiamiento son los principales motivos del incremento en el atraso del pago de deudas por parte de las familias argentinas.
El cumplimiento de las obligaciones crediticias se encuentra condicionado por la persistencia de tasas de interés activas elevadas en términos reales, lo que restringe las posibilidades de refinanciación para los deudores del sistema financiero.
El atraso en los pagos responde de manera directa a la «caída, recuperación parcial, y luego estancamiento (incluso nueva caída leve) del poder adquisitivo de los ingresos, en conjunción con la disminución del empleo formal».
Asimismo, incidieron las «tasas de interés activas que no acompañaron la disminución de la inflación», debido a que las entidades financieras aplicaron spreads más altos para compensar el propio incremento de la irregularidad de la cartera, un comportamiento que finalmente «impidió poder refinanciar deudas con tasas más convenientes».
Estas son las conclusiones de un informe de la consultora LCG que recibió Agencia Noticias Argentinas. De acuerdo a este trabajo, la dificultad para afrontar los compromisos financieros abarca a distintos sectores de la población.
La investigación de la entidad detalla que la persistencia de la irregularidad crediticia tiene como correlato que muchas familias enfrenten «dificultades severas para llegar a fin de mes», viéndose obligadas a recurrir como última instancia «al pago diferido con tarjeta de crédito para el supermercado», una modalidad de consumo que creció del 37% al 44% entre 2023 y 2026.
El diagnóstico general del sistema refleja que un 28% de las personas humanas que mantienen deudas se encuentran registradas en «situación 3 a 5» dentro de la Central de Deudores del Banco Central.
En tanto, el porcentaje de préstamos con atrasos se ubica en el 24,7%, mientras que la cartera morosa medida sobre el monto total prestado alcanza el 18%, porcentaje que desciende al 15,3% si se toman bajo análisis únicamente los préstamos otorgados por entidades bancarias tradicionales.
De esta forma, la irregularidad se presenta con mayor intensidad en las colocaciones de menor cuantía realizadas por prestamistas no bancarios.
Por franja de edad, la investigación determina que «los segmentos más jóvenes parecen ser los que más dificultades de repago tienen», situación correlacionada con una «mayor penetración de entidades no bancarias (billeteras, ML, fintech)» en los tramos de menor edad.
Sin embargo, la consultora advierte que «el grueso de las dificultades de pago ocurre en aquellos rangos en donde está concentrada la deuda: adultos de entre 30 y 70 años».
Para este grupo de adultos a cargo de familias, cuyos comportamientos habituales suelen ser prudentes, el atraso denota «problemas económicos concretos, que son el reflejo de una dinámica macroeconómica compleja».
Las estadísticas indican además que la mora se eleva en torno al 20% en préstamos chicos otorgados por financieras no bancarias, especialmente en obligaciones inferiores a los $ 50.000 pesos.
Respecto a las alternativas de solución, el reporte de LCG aconseja cautela frente a las propuestas que planteen la obligatoriedad de transferir la mora de la banca privada a la banca pública, argumentando que este tipo de medidas «estimula la ausencia de control de riesgos de los bancos».
A su vez, el informe puntualiza que «si se hace un salvataje a los deudores, en definitiva, termina siendo un salvataje a los bancos, avalando malas gestiones de riesgo».
En cambio, para abordar la problemática el documento sugiere «dos vías para atacar la cuestión: prevención y solucionar el lastre actual de los stocks, atenuando la ‘digestión lenta'» de las deudas vigentes.
En materia de prevención, el estudio propone «pensar iniciativas en la dirección de más transparencia y mayor educación financiera» con énfasis en los deudores jóvenes que acceden al crédito sin conocer debidamente las tasas de interés ni sus implicancias.
Para resolver el lastre de la cartera vencida, se recomienda que el Banco Central implemente regulaciones que «facilite y acelere la vuelta a situación 1 (normal) sin tener que esperar a que el deudor pague un determinado porcentaje de la deuda».
Por último, se aconseja «acotar o eliminar el ‘arrastre’ de la situación de un banco a otro», de forma tal que la entidad emisora original no fuerce una calificación desfavorable en el resto del ecosistema financiero de manera automática.