El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad publicó este viernes un extenso comunicado en el que se rechazó como solución definitiva la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Tras intentar vetarla y con la Justicia Federal pisándole los talones, el presidente Javier Milei reglamentó hace apenas 10 días la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793).
Recién el jueves de esta semana se reunió el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad -que depende de la Secretaría Nacional de Discapacidad- para definir de cuánto sería la compensación económica de emergencia para prestadores y el porcentaje que se aplicaría al nomenclador.
En la reunión se aprobó un aumento del 5,78 % en los precios del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas, sin diferenciar por tipo de prestación, a aplicar en febrero de 2026 sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026.
Además se resolvió que a partir de marzo se aplique una actualización de los aranceles de manera automática y mensual, en función del IPC que emite cada mes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Como era de esperarse, desde el Foro Permanente Discapacidad hicieron notar este viernes que uno de los ejes de la norma aprobada en 2025 «es recomponer la situación de los prestadores que atraviesan una situación económica crítica, al borde del cierre, por falta de adecuación de los aranceles que fija el Estado Nacional al costo de vida de estos años».
«Ahora, si los aumentos se calculan desde bases que arrastran deudas, nunca se va a poder lograr el objetivo. Claramente la situación va a ser peor», señalaron.
«Este proceder lleva a que cuando se calcule la compensación mandada por el período diciembre 2023/diciembre 2024, el arancel a diciembre 2024 va a ser mayor al arancel de enero de 2025 tomado como base para los aumentos siguientes», calcularon.
«Los funcionarios leen los artículos separados del objetivo y por eso dictaminan aumentos que no cumplen con la ley. A nuestro entender, el gobierno tiene que establecer un aumento del 40% para recomponer la situación y garantizar los derechos de las personas con discapacidad», establecieron desde la organización que se volvió central en la lucha por la aprobación y reglamentación de la norma.
«En la reunión del organismo que establece los aranceles, que se realizó el 12 de febrero, un funcionario dijo que la culpa de la situación es de los prestadores por no haber exigido al gobierno de Alberto Fernández el aumento que correspondía. Se le recordó que consta en las actas que los representantes del sector no aceptaron los aumentos dados en ese momento», aclararon.
«Viendo que esta gestión plantea una situación similar, no se aceptó este aumento porque no se logra recomponer las deudas generadas por este gobierno», es la reacción oficial del sector.
«Cabe destacar que esta crítica viene de una gestión que supo darse cuenta que si las prepagas no recibían aumentos mayores a la inflación no iban a poder subsistir», mencionaron desde el Foro que nuclea a entidades, organizaciones y prestadores del sector, para quienes el gobierno de Javier Milei es «una gestión que dejó seguir adelante a las prepagas con aumentos desmedidos sin ningún control».