El Gobierno avanza en su plan de privatización de empresas estatales y en su hoja de ruta hay tres compañías sobre las que se intentará avanzar con determinación en este 2025: Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) y Banco Nación. Mientras avanza con un esquema de recorte de supuestos privilegios y gastos superfluos, la administración de Javier Milei busca lograr una ingeniería legal para su traspaso definitivo al sector privado.
Cada compañía tiene un presente distinto y en algunos casos aún se debe trabajar en el traspaso de una sociedad del estado a una sociedad anónima como el Banco Nación. Se trata de una etapa fundamental en el eventual proceso de venta de la empresa.
“El Presidente entiende que el Estado no debe administrar ninguna empresa, incluso ni las que funcionen bien. No es una u otra, es una cuestión ideológica”, insisten en la Casa Rosada. En cuanto a Aerolíneas Argentinas, el Gobierno trabaja bajo estricta reserva en un “artilugio legal” para intentar llevar el proyecto de ley al Congreso y obtener la aprobación de ambas cámaras. Sin ese visto bueno, la firma no se puede vender.
Menos gastos y colocación de acciones en el mercado: el Gobierno avanza con tres privatizaciones
Mientras tanto, el objetivo inmediato es reducir la dependencia de la empresa de los subsidios estatales. En 2025, Aerolíneas recibirá un crédito de 60 millones de dólares. Se trata de la plata disponible para la compañía, lo que no quiere decir que se vaya a usar. De por sí se trata de una cifra menor a lo que disponible en 2024, que eran unos 75 millones de dólares. En la compañia aseguran que buscarán usar “poco y nada”, excepto que se abra otro proceso de retiro voluntarios.
En un sector del Gobierno está la idea de que, una vez aprobada su venta, y siempre que no se consiga un comprador que se haga de todo el paquete, se pongan a la venta las distintas unidades de negocio de la compañía por separado. Esto significa vender por separado los aviones de los simuladores de vuelo y así con el resto de los elementos e inmuebles de la firma estatal.
Por otra parte, el Gobierno planea llevar AYSA a la oferta pública, es decir, al mercado de acciones y bonos. Actualmente, el Estado Nacional posee el 90% de la compañía, mientras que el 10% restante está en manos del personal, que accedió a esa porción a través del Programa de Participación Accionaria (PPA).
AYSA es responsable del servicio público de agua potable y el tratamiento de desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, una de las zonas más densamente pobladas del continente. Desde la asunción de Milei, la compañía redujo su plantel de 7.700 a 6.400 trabajadores mediante un sistema de retiros voluntarios.
Ahora, se evalúan dos alternativas para su privatización. Una posibilidad es que el Estado se desprenda de todas sus acciones mediante una licitación pública en etapas. La segunda opción es que la empresa cotice en bolsa, permitiendo la compra de acciones por parte de inversores privados.
El destino final de AYSA será definido en los próximos meses en un trabajo conjunto entre el presidente de la empresa, Alejo Maxit, y Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. La compañía ya fue incluida en el listado de firmas sujetas a privatización o concesión tras la aprobación de la Ley Bases, y en la Casa Rosada aseguran que el objetivo es que pase a manos privadas en 2025.
En tanto, las autoridades del Banco Nación trabajan en su transformación de sociedad del Estado a sociedad anónima. Para ello, se necesita la aprobación de la Inspección General de Justicia (IGJ), trámite que se considera una prioridad para este año. Su venta también requerirá, luego, la aprobación del Congreso de la Nación.
“No es una cuestión sencilla porque no se pueden cometer errores en este traspaso, ya que dejas abierta la posibilidad de que el próximo gobierno lo vuelva a estatizar”, aseguran.
Según información a la que accedió TN, la entidad financiera cuenta actualmente con activos por $48 billones, depósitos por $33 billones y un patrimonio neto de $15 billones. El objetivo del Gobierno es reconfigurar la estructura del banco para facilitar su futura privatización o, al menos, permitir el ingreso de inversores privados en su capital.