Con los gobernadores en alerta por el impacto fiscal del proyecto y una nueva cumbre provincial en preparación, la Unión Cívica Radical decidió atar su definición sobre la reforma laboral a la negociación entre la Casa Rosada y las provincias. En ese escenario, el bloque en el Senado mantiene conversaciones con el oficialismo, impulsa modificaciones al texto del Ejecutivo pero evita adelantar públicamente cuáles serán sus exigencias finales.
La postura fue explicitada por la senadora radical Carolina Losada, quien ante la consulta de PERFIL confirmó que el bloque tiene voluntad de acompañar la iniciativa del Gobierno, aunque con reparos. “Estamos hablando y proponiendo cambios. Queremos acompañar pero con algunos puntos en desacuerdo. Tenemos la voluntad, pero hay varios puntos”, sostuvo.
Según pudo saber este medio de fuentes parlamentarias, el radicalismo acordó mantener total hermetismo sobre esos puntos de disidencia y no revelarlos hasta el tramo final de la negociación, cuando el Ejecutivo termine de definir el capítulo fiscal con los gobernadores. La estrategia apunta a no tensar la discusión antes de que se clarifique el impacto de la reforma en las finanzas provinciales.
El gobierno negocia con los aliados y reconoce que habrá cambios
En paralelo, el oficialismo intensificó en los últimos días las reuniones con los bloques aliados en el Senado para avanzar en el tratamiento de la reforma laboral. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabezó encuentros con legisladores dialoguistas y admitió que el proyecto sufrirá modificaciones, aunque evitó precisarlas y remarcó que el capítulo que más sensibilidades genera a los mandatarios provinciales -el del impacto fiscal- sigue en manos del Poder Ejecutivo.
El radicalismo formó parte de esas conversaciones y volvió a quedar expuesto como un actor clave en el poroteo. Con votos decisivos para el oficialismo, la UCR busca sostener un equilibrio delicado: acompañar una de las reformas estructurales del Gobierno sin desoír los reclamos de las provincias que gobierna o representa.
En ese marco, el jefe del bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi, manifestó que existe una actitud de colaboración para que la ley avance, aunque reconoció que todavía quedan días de discusión y que será necesario encontrar una alternativa que contemple la situación de las provincias.
Impuesto a las Ganancias, el reclamo de los gobernadores
El principal foco de conflicto está en el capítulo fiscal de la reforma laboral, en particular en la reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para las sociedades. El proyecto propone bajar del 30% al 27% una de las escalas y del 35% al 31,5% la más alta, una modificación que impacta directamente en la coparticipación.
Según estimaciones que circulan entre los gobernadores, la pérdida de recursos para las provincias podría alcanzar el 0,15% del PBI, unos $3,18 billones. Ese cálculo reactivó las conversaciones entre mandatarios de distintos signos políticos, que ya coordinan una nueva cumbre para la semana próxima en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Los gobernadores vienen reclamando algún tipo de compensación que no quede sujeta a la discrecionalidad del Ejecutivo (como con las ATN). Entre las alternativas que se analizan aparecen una compensación automática incorporada al proyecto, una baja gradual o diferida del impuesto, el retiro del capítulo fiscal de la reforma laboral para discutirlo más adelante en una eventual reforma tributaria, o incluso la reactivación del debate por la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos.
Desde el Gobierno, el argumento oficial es que la pérdida de recaudación se compensaría con un aumento del empleo formal. En esa línea, el ministro del Interior, Diego Santilli, sostuvo que con la incorporación de unos 400 mil trabajadores al sistema formal el impacto fiscal podría neutralizarse. Sin embargo, ese razonamiento no termina de despejar las dudas de los mandatarios provinciales.
En el Congreso, el antecedente del Presupuesto sigue pesando sobre la negociación. Varios senadores que responden a los gobernadores advierten que, si no hay concesiones, el proyecto podría atravesar un escenario similar: una aprobación en general, pero con la caída del capítulo fiscal en la votación en particular, como ya ocurrió con otras iniciativas del oficialismo.
Ese riesgo explica la cautela del radicalismo. La UCR busca preservar su rol de articulador, sostener el diálogo con el Gobierno y, al mismo tiempo, no quedar desalineada de los reclamos provinciales. Por ahora, esa estrategia se traduce en una definición política clara —voluntad de acompañar— y en un silencio calculado sobre los cambios que pretende introducir.
Fuente: Perfil