Javier Milei no firmó el decreto que reglamenta la reforma laboral y posterga una semana su publicación en el boletín oficial. El Presidente recién podrá firmar la norma el miércoles, a la vuelta de su viaje a los Estados Unidos, para que se oficialice el jueves próximo. La versión final del texto está terminada y ya la trabajó la Secretaría Legal y Técnica, que preside Javier Herrera Bravo.
La Casa Rosada fijó la firma de la norma para el jueves pasado, luego lo pasó al viernes, pero el jefe de Estado no lo validó. El Gobierno sostiene que “se atrasó por cuestiones administrativas” y asegura que sigue en pie el acuerdo con el ala dialoguista de la Confederación General del Trabajo (CGT) por las modificaciones de la norma.
El Ejecutivo confirmó que hará cambios en el artículo 97 de la Ley Bases, que dispone que los trabajadores independientes puedan contratar hasta tres trabajadores para un emprendimiento productivo, sin que exista un vínculo de dependencia. Contiene el aporte individual de una cuota mensual que comprende el régimen previsional, la obra social y el seguro.
“Vamos a ampliar el articulado para que no se pueda utilizar la norma para el fraude laboral. La idea es que no se puedan crear unidades adjuntas a las empresas y se encubra una relación de dependencia”, expresó a TN un funcionario.
La CGT propuso cambios y ampliaciones en el articulado que prohíbe “fragmentar o dividir los establecimientos para obtener beneficios en fraude a la ley”. Incluye además un régimen especial unificado que lo complementa.
El punto de mayor tensión es el artículo 94 de la Ley Bases, que modifica la Ley 20.744 y habilita despidos en casos de bloqueos a las empresas. Dispone que “podrá configurar grave injuria laboral, como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo, la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento”.
La central sindical propuso agregar una instancia judicial previa al despido en el articulado y la mesa chica de Balcarce 50 se comprometió a revisarlo. Hay diferencias internas en el Gobierno sobre la aplicación de la norma y los efectos que puede tener un cambio técnico en el empresariado.
“Hubo un trabajo con los equipos técnicos de la CGT para definir cómo escribir el articulado. No queremos que provoque olas de despidos indiscriminados, pero tampoco buscamos que obstaculice a las empresas”, expresó a TN un funcionario.
La Casa Rosada quiere evitar una judicialización y un tercer paro general. Es por eso que le pidió al secretario de Trabajo, Julio Cordero, que mantuviera contacto con Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Gerardo Martínez (UOCRA) y Andrés Rodríguez (UPCN).
El texto lo trabajó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en conjunto con la mesa técnica de Balcarce 50: la integran el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal.