El miércoles el Congreso discutirá 11 proyectos para mejorar los ingresos de las jubilaciones, por el bono para el haber mínimo o para dar una respuesta a la problemática que se generó tras el fin de la moratoria. Son iniciativas del corto plazo que preceden a la discusión de una gran reforma previsional que el Gobierno le prometió al Fondo Monetario Internacional (FMI) y que el sector privado anotó como pendiente, por un reclamo que crece a medida que la informalidad laboral lo hace a la par: la necesidad de ampliar la base de contribuyentes y dejar de ser pocos los actores registrados que sostienen a la masa de jubilados, que se expande con la longevidad.
El Gobierno ya dio pistas de querer avanzar sobre cambios en la estructura de cómo y quiénes cobran una jubilación en uno de los dictámenes que se debatirá en Diputados. En conjunto con el PRO, apunta a conformar una comisión para presentar en los próximos ocho meses una iniciativa que dé un vuelco de 180 grados en todo el esquema previsional. Algo que es justo el centro de las discusiones a mediano plazo en cámaras empresarias, estudios de abogados corporativos y think tanks de políticas públicas, según reconstruyó PERFIL los últimos días en diversas charlas.
“La longevidad afecta a nivel mundial. Los mayores de 65 ya superan a la cantidad de niños. Hay incluso organizaciones donde están conviviendo cinco generaciones”, graficó Dolores Liendo, Wealth Country Business Leader para Argentina, Paraguay y Uruguay de la consultora de Recursos Humanos Mercer. La reforma previsional formó parte del evento anual de Marval O’Farrell Mairal con un debate centrado en cuál es el foco que debería tener un proyecto de esa magnitud.
La informalidad afecta la base de aportantes
Hasta ahora, la administración libertaria sólo dio un indicio sobre qué quiere hacer con el sistema cuando el extitular de la ANSES Mariano de los Heros adelantó en una entrevista televisiva que antes de fin de año el Ejecutivo tenía la intención de impulsar una iniciativa que aumente la edad jubilatoria. Una suerte de estiramiento de los años de aporte vía piso mínimo para el inicio del cobro de un haber. Poco después, el funcionario fue eyectado de la gestión.
Pero para el sector privado con la edad no alcanza. En las empresas ven con preocupación el dato de informalidad laboral, en la que trabajan más de 8 millones de personas, según la Encuesta Permanente de Hogares del Indec (EPH). Las compañías se miran entre sí, cuentan cada vez menos CUITs y cuestionan el peso del Estado y su fiscalización sobre los números del sector registrado. Según un recuento del Centro de Economía Política Argentina (CEPO), entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, se perdieron 13.111 empleadores. El CEO de una firma tecnológica —en diálogo con PERFIL— señaló como ejemplo a seguir a México, en donde cada peso que gasta una compañía es auditado y cobrado de forma automática.
“Se necesitan cuatro aportantes para sostener a un jubilado”, explicó Liendo, y advirtió: “Una de las calificaciones negativas que Argentina tiene es la sostenibilidad, es decir, la seguridad de que ese sistema va a cumplir con las obligaciones futuras. Todas las reformas hablan del porcentaje de aportes o de la edad, cuando en realidad es un tema de empleabilidad. De quién llega a aportar. El desafío está en la base de aportantes”, detalló.
Un reordenamiento sin mínimo de años de aportes: la propuesta del Cippec
En esa línea, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) puso la lupa sobre las distintas iniciativas que este miércoles se debatirán en la Cámara baja. Tres buscan ajustar el valor de las jubilaciones con el 7,2% perdido entre el cambio de la fórmula de movilidad a inicios del 2024 y la inflación del 20,8% de enero de ese año. Cinco discuten qué hacer con el agujero que dejó la eliminación de la moratoria previsional a través de la que se jubilaban el 85% de las mujeres. Tres, entre ellos el del oficialismo, establecen un proceso que llevará a una reforma más integral. Ninguno establece fuentes de financiamiento.
Para Rafael Rofman, investigador del think tank, «cualquier medida de corto plazo es un parche para ahora y puede generar ruido en el mediano plazo”. Entre las falencias que ve la organización del sistema actual están que requiere un gasto público alto, ajustado en 2024 por la motosierra de Javier Milei, pero que en 2025 volverá a crecer al orden del 8,9% del PBI; una carga fiscal que aumenta en un contexto de envejecimiento poblacional; y una exigencia de 30 años de aportes para acceder a una jubilación completa que deja afuera a gran parte de los trabajadores y motivó el uso de moratorias.
La propuesta del Cippec es un reordenamiento del sistema previsional que garantice una PUAM a quienes cumplan con el requisito de la edad mínima y que, sobre ese monto, se agregue un proporcional de todos los años de aportes, sin importar cuántos sean, en vez de poner el foco sobre los últimos 10 años de trabajo, como dicta el régimen actual. Otra característica es la eliminación de los regímenes excepcionales de los que gozan 2,8 millones de personas y dejar estable, por ahora, la edad jubilatoria de las mujeres.