El Reino Unido registró entre 1970 y 1991 uno de los mayores escándalos de salud pública de su historia, debido a la infección de unas 30.000 personas con HIV y hepatitis, como consecuencia de transfusiones de sangre contaminada, que realizaban a pacientes hemofílicos, muchos de ellos menores de edad, quienes no estaban al tanto del riesgo.
Un informe reciente reveló que esto podría haberse evitado en gran medida, acusando a autoridades médicas y gubernamentales de una serie de fallos graves.
De hecho, alrededor de 3.000 personas murieron en ese período tras recibir sangre contaminada a través del Servicio Nacional de Salud (NHS por su sigla en inglés).
El informe, liderado por Sir Brian Langstaff y publicado por el sitio National Geographic, concluyó que los médicos, el Servicio Nacional de Salud y el gobierno de Margaret Thatcher (fallecida en 2013) perjudicó «repetidamente» a las víctimas.
A pesar de conocer los riesgos de transmitir infecciones virales a través de la sangre y sus productos, las autoridades continuaron administrándolos a pacientes durante años, especialmente a niños hemofílicos.
El temor a quedarse sin reservas sanguíneas para transfusiones es lo que llevó al gobierno de Thatcher a continuar con las importaciones de sangre contaminada de Estados Unidos, cuyas muestras pertenecían a presidiarios.
Langstaff concluyó que la tragedia «no fue un accidente», y que las infecciones ocurrieron porque las autoridades, incluidos médicos, servicios de donación de sangre y gobiernos sucesivos, no priorizaron la seguridad del paciente.
Por su pare, el actual gobierno británico inició el pago de compensaciones de hasta 100.000 libras a unos 4.000 sobrevivientes y sus familiares, aunque se espera que las mismas alcancen miles de millones de dólares en el corto plazo.