El gobernador Osvaldo Jaldo aceptó las renuncias del secretario de Derechos Humanos y Justicia, Mario Racedo, y del subsecretario del área, Pablo Vega Coronel.
La posibilidad de una salida conjunta se venía barajando desde fines del año pasado, en medio de versiones sobre una reconfiguración del gabinete provincial y de discusiones internas sobre el rumbo de algunas áreas sensibles de la administración. Sin embargo, recién ahora se formalizó la desvinculación de ambos funcionarios.
Por el momento, el Ejecutivo no informó quiénes ocuparán esos cargos. La vacancia abre un compás de espera en un área con fuerte peso institucional y simbólico, especialmente en una provincia donde los debates sobre memoria histórica mantienen vigencia política y social.
La novedad provocó una rápida reacción de los organismos de Derechos Humanos de Tucumán, que difundieron un documento público en respaldo a los funcionarios salientes y en defensa de las políticas desarrolladas durante su gestión.
En el comunicado, las organizaciones señalaron que, más allá de no poder incidir en decisiones administrativas, consideran necesario “reconocer” el trabajo realizado por Racedo y Vega Coronel. En especial, destacaron las acciones impulsadas en el marco de los 50 años de dos fechas centrales de la historia reciente tucumana y argentina: el Operativo Independencia de 1975 y el golpe de Estado de 1976.