La decisión del Gobierno de suspender las retenciones a través del decreto 682 encendió la reacción en distintos bloques de la oposición. Por un lado, la Coalición Cívica presentó un pedido de plenario urgente en la Cámara de Diputados para analizar los efectos de la medida y citó a las comisiones de Agricultura y de Presupuesto, presididas por Atilio Benedetti (UCR) y José Luis Espert (LLA). De este último no esperan reacción, ya que siempre la oposición necesitó de emplazamientos para que esa comisión funcione.
“El cupo de 7.000 millones de dólares que establecía la norma fue aprovechado solo por grandes empresas, mientras que los productores medianos y pequeños quedaron afuera”, cuestionaron desde la bancada liderada por Juan Manuel López.
A los reclamos se sumaron también el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés y el bloque de Democracia para Siempre, que presentaron pedidos de informes al Ejecutivo. En ese sentido, la CC exigió al ministro de Economía, Luis Caputo, que informe si se verificó la existencia de los bienes declarados en las fechas de las presentaciones.
Pablo Juliano, presidente de Democracia para Siempre, denunció que “entre el lunes y el miércoles de esta semana, con el aval y la complacencia del gobierno de Milei, las cerealeras se hicieron de un botín de más de 1.500 millones de dólares”. Y agregó: “El Gobierno no les exigió siquiera anotar una declaración jurada de venta al exterior (DJVE) con la tenencia acreditada de los granos. El campo terminó siendo solo un dador de dólares para que el Ejecutivo hiciera caja”.
Piden interpelar al titular de ARCA
El socialismo santafesino fue más allá y avanzó con un proyecto de resolución para interpelar al titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo. El autor de la iniciativa, Esteban Paulón, cuestionó que las resoluciones 184 y 185 de 2025 autorizaron la presentación de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior con retenciones del 0%, beneficiando a unos pocos grandes jugadores del sector, en la misma línea que sus pares de otros bloques opositores.
“Esta inusitada medida pone en jaque el déficit cero que el Gobierno pretende sostener e incluso afecta al Presupuesto 2026 presentado hace unos días”, señaló Paulón en los fundamentos del proyecto acompañado por la diputada Mónica Fein.
El legislador santafesino aseguró que la eliminación de retenciones por 72 horas “no estaba dirigida a los productores, sino que fue un preacuerdo entre quienes concentran el negocio del sector; unos pocos amigos del gobierno de Javier Milei”. Según sus cálculos, el beneficio permitió que las cerealeras registraran DJVE por 1.600 millones de dólares.
“Estamos a favor de eliminar las retenciones, pero debe hacerse en el marco de una reforma tributaria integral que contemple a los pequeños y medianos productores. Lo que hizo el Gobierno fue una medida electoral, para calmar la corrida cambiaria y darle aire a Caputo, a costa de miles de productores”, concluyó Paulón.
Reclaman un informe al Gobierno de Milei
En paralelo, Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó un proyecto de resolución para exigir un informe detallado sobre el impacto fiscal y los beneficiarios del decreto 682. El pedido fue acompañado por diputados de su bloque como Daniel Gollán, Agustina Propato, Marcela Passo y Pablo Todero, entre otros.
Valdés advirtió que la aplicación del beneficio derivó “en un escenario de concentración de beneficios y pérdida significativa de recursos fiscales, sin que el Estado implementara mecanismos adecuados de control”.
“El presidente dijo que quería fortalecer las reservas, pero en realidad regaló recursos públicos. Lo que debería haber ingresado al Tesoro terminó engordando las cuentas de un puñado de exportadoras”, denunció. Según estimaciones difundidas en los fundamentos del proyecto, el fisco dejó de percibir más de 1.500 millones de dólares.
El legislador también reclamó “nombres y montos” de las empresas exportadoras beneficiadas. Entre los puntos del informe solicitado, pidió conocer la nómina completa de las firmas que registraron DJVE, la fecha de presentación de cada una, los volúmenes declarados, el detalle de las mercaderías exportadas y el monto total de retenciones no percibidas por el Estado.
“Es claro que el presidente gobierna para las grandes cerealeras y no para el pueblo argentino”, cerró Valdés.