La Justicia de San Luis ordenó al Senado de la Nación trabar un embargo ejecutivo sobre los haberes del senador nacional por La Libertad Avanza y presidente provisional de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala, debido a una deuda fiscal que asciende a 45 millones de pesos.
La medida, dispuesta por el juez de Ejecuciones Fiscales Alberto Spagnuolo, se fundamenta en el incumplimiento del pago del impuesto inmobiliario y otras tasas provinciales. El oficio ingresó formalmente por la mesa de entradas del Senado el último viernes, lo que obliga a la institución a retener el porcentaje correspondiente de la dieta del legislador, que actualmente promedia los 11 millones de pesos mensuales, hasta cancelar el monto total adeudado.
Ante la resolución judicial, Abdala sostuvo que la medida representa una maniobra de hostigamiento por parte del Poder Ejecutivo provincial. «Es una persecución política del gobernador de San Luis, Claudio Poggi«, afirmó el senador, vinculando el embargo con sus aspiraciones electorales para suceder al mandatario el año próximo.
Según el referente libertario, la administración actual emplea métodos de presión similares a los de la gestión anterior y denunció la existencia de un aumento desmedido en la presión tributaria local. “Lamentablemente Poggi usa los mismos métodos que los Rodríguez Saá para perseguir a los opositores”, agregó el legislador, quien, de acuerdo con su última declaración jurada, posee bienes estimados en 197 millones de pesos.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, desde el Gobierno de San Luis, la directora de Ingresos Públicos, Teresa Capiello, rechazó las acusaciones de intencionalidad política y desmintió la aplicación de un incremento impositivo arbitrario. La funcionaria señaló que la política fiscal se rige por la capacidad contributiva de cada ciudadano y apuntó directamente contra el comportamiento del senador.
“Si la crítica proviene de alguien que no cumple, pudiendo hacerlo, entendemos que estamos en el camino correcto”, sentenció Capiello, destacando que los contribuyentes de menores recursos suelen ser los más cumplidores frente a casos de personas con alto poder económico que evaden sus obligaciones.
El conflicto profundiza la grieta política en la provincia mientras la presidencia del Senado aguarda la ejecución del mandato judicial.