El legislador Manuel Courel y el concejal de Simoca Luis Escobar, del espacio Cambia Tucumán, sufrieron un nuevo revés en la denuncia que impulsan en la Justicia contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, por presunto enriquecimiento. La jueza que interviene en la causa rechazó el recurso que presentaron los funcionarios públicos porque no se les permite ser querellantes en el caso por la supuesta compra de una casa en el country Las Yungas, que estaría valuada en más de un millón de dólares.
La jueza Cecilia Tasquer escuchó -de manera virtual- los argumentos de los denunciantes, a través del abogado Luis Díaz Augier. Los denunciantes pidieron que se revise la decisión que tomó la Fiscalía dado que -según dijo- existe una afectación concreta y diferenciada vinculada con sus funciones como legislador provincial y concejal. Argumentaron también que el delito investigado afecta la probidad y regularidad de la función pública y, por su naturaleza, puede involucrar intereses colectivos sin una víctima individual fácilmente identificable.
Sin afectación directa
Como representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) formó parte de la audiencia el flamante fiscal de Concepción, Fernando Blanno (fue designado en reemplazo de Diego Sebastián Hevia). Remarcó que no están facultados a dar el rol de querellantes a quienes no estén afectados directamente, y remarcó que el Código Procesal es claro en ese sentido. Argumentó que las investiduras de legislador y de concejal no les otorga atribuciones de ser representantes procesales. En ese sentido, dijo que no es una decisión antojadiza sino que se apoya en jurisprudencia en ese sentido. “No reúnen los requisitos para ser querellantes particulares porque no son víctimas del hecho; ni siquiera son afectados de manera directa”, defendió.
Courel, en tanto, pidió la palabra y cuestionó los argumentos del fiscal. Se preguntó en un delito como el que denuncian, de presunto enriquecimiento ilícito de un funcionario público, quién podría ser la víctima particular. Insistió con que no hay un afectado particular, sino que es todo el fisco o la ciudadanía misma.
Luego de unos minutos para analizar los fundamentos de las partes, Tasquer desarrolló las razones por las que los denunciantes no reunían los requisitos necesarios para ser querellantes legales. De esta manera, rechazó el recurso de revisión interpuesto por los dirigentes de Cambia Tucumán y confirmó la resolución del MPF en rechazo de la solicitud. Indicó que distinto hubiera sido el caso de presentarse con el acompañamiento de una persona jurídica que vele por la lucha contra los casos de corrupción, por ejemplo.
En el cierre de la audiencia, Courel planteó que acercaron muchas pruebas al MPF desde hace casi tres meses y que no hubo avances significativos en la causa. “Esperemos que Blanno le dé la celeridad que necesita esta causa. Vamos a seguir aportando pruebas, pero le pedimos al MPF que avance con una causa que es de interés público de todos los tucumanos”, dijo.
Díaz Augier, a su vez, dijo a LA GACETA que es necesario reformar el Código Procesal respecto a la legitimación para este tipo de casos. Señaló también que es imprescindible una oficina anticorrupción. “Desde 2006 a esta parte no existen condenas por delitos de corrupción y no se investiga”, advirtió.
Graneros se mantiene en silencio desde que se realizó la denuncia. Sin embargo, su abogada, Paula Morales Soria, afirmó que las denuncias de Courel son falsas, que la casa en cuestión no es de la intendenta y que están a disposición de la Justicia desde un primer momento. “Todos los informes que la Justicia ha pedido están a favor de la intendenta. Lo único que (los denunciantes) han presentado es una copia de las expensas que no está autenticada. Ellos nos han denunciado judicialmente y nosotros responderemos judicialmente”, mencionó.
Fuente: La Gaceta