La Justicia de Tucumán decidió rechazar la aplicación de un “criterio de oportunidad” en una causa que investiga un acto de violencia dentro del estadio del Club San Martín, durante un partido disputado el 1 de diciembre de 2024 frente a Gimnasia de Mendoza. La medida había sido impulsada por el Ministerio Público Fiscal, que había aceptado una reparación económica de un millón de pesos ofrecida por el acusado, Daniel Morales Franco, imputado por romper el vidrio de un palco oficial durante el encuentro.
Sin embargo, la querella del club se opuso de manera categórica desde el primer momento. Los abogados del club sostuvieron que el hecho se inscribe dentro de la violencia en espectáculos deportivos, y que debía ser investigado bajo el amparo de las leyes nacionales 23.184 y 24.192, que agravan las penas en estos contextos. Además, señalaron que el Ministerio Público Fiscal ignoró pruebas ofrecidas y mostró una actitud “arbitraria” al insistir en una salida alternativa sin tener en cuenta el interés público.
La jueza interviniente, Dra. Eliana Karina Gómez Moreira, coincidió con el planteo del club. En su resolución sostuvo que no se trató de un simple daño patrimonial —como alegó el MPF—, sino de un hecho con “alto impacto social” y con potencial para desencadenar situaciones más graves. “No era una relación o un daño entre simples particulares. Nos encontrábamos ante un espectáculo público con presencia de familias, niños y mujeres. Hay un interés público prevalente que no puede ser ignorado”, subrayó la magistrada.
La jueza destacó que el criterio de oportunidad, que permite evitar un juicio a cambio de una reparación económica, solo puede aplicarse cuando no hay interés social comprometido ni oposición fundada de la víctima. “Este caso claramente no cumple con esos requisitos”, sentenció.
Con esta resolución, la causa fue devuelta al Ministerio Público Fiscal con la orden de que sea asignada a una fiscalía especializada y se inicie una investigación completa. La querella insistió en que no se trató de un incidente aislado, sino de un hecho que pone en riesgo la seguridad en los espectáculos deportivos, y que debe servir como ejemplo para desalentar conductas violentas en las canchas.
Desde el club afirmaron: “Esta vez la Justicia escuchó. No se puede minimizar la violencia en los estadios ni cerrar causas con plata. La cancha debe seguir siendo un espacio seguro para toda la familia”.