Tras las declaraciones de Javier Milei de vetar una futura sanción del Congreso a la modificación a la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia, Diputados retomó el tratamiento de los DNU. Participó en esta jornada el procurador general del Tesoro, Rodolfo Barra, exministro de la Corte y exconvencional constituyente.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, recibieron a diferentes especialistas en la materia, como Rodolfo Barra, que manifestó: “El DNU es una norma con jerarquía de ley, con un proceso de excepción y de urgencia”.
El doctor Juan Carlos Casagne dijo: “Los poderes del Estado son coordinados, en la práctica argentina es muy común la utilización de los DNU. Si queremos eliminar el presidencialismo, eliminemos los decretos de necesidad y urgencia y no cumplamos con la Constitución”, les dijo a los diputados en su defensa a la herramienta presidencial.
El constitucionalista Alberto Garay dejó claro que el DNU “es una práctica que se generalizó de manera excesiva durante los gobiernos del [expresidente Carlos] Menem”.
También hicieron uso de la palabra los especialistas Estela Sacristán, Alfredo Vitolo, Verónica Nolazco, Oscar Blando, Ana María Mustapic, Cecilia Galván, Lorena González Tocci, Mariana Cáceres, Antonio María Hernández y Guillermo Barrera Buteler.
Las comisiones tendrán la próxima semana una nueva reunión informativa, similar a la de este miércoles, y posteriormente pasarán a consensuar las iniciativas y firmar los dictámenes.
Los proyectos en debate
Hay un total de 15 iniciativas que los diputados Nicolás Mayoraz y Silvia Lospenatto, los presidentes del plenario, pusieron en consideración de los legisladores.
El diputado Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), en su iniciativa, manifestó: “Debe quedar claro que la regla es que la atribución de dictar las leyes le corresponde al Congreso y que la excepción, por causas particulares, es la delegación en el Poder Ejecutivo. Ahora bien, esta delegación tiene un límite preciso. Por ello es necesario para que funcione el Estado de Derecho que el Poder Legislativo sea quien disponga la aprobación o el rechazo de aquellas normas que por circunstancias excepcionales fueron delegadas”.
Otra de las iniciativas es la del diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, que establece un plazo de 60 días para que la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo dictamine sobre la aprobación, rechazo o modificación de los decretos. Si este plazo se vence sin que la bicameral haya emitido dictamen, las Cámaras podrán tratar el DNU de forma expresa dentro de los tres días hábiles. Si se vencen todos los plazos, caduca la vigencia del decreto.
En Unión por la Patria (UxP), los diputados Mónica Litza y Ramiro Gutiérrez acotan los tiempos de tratamientos de un DNU. “Tienen vigencia por 30 días, salvo que sean expresamente ratificados por ambas Cámaras del Congreso y convertidos en ley”, señalaron. Y agregaron en su articulado: ”En caso de que el Jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha Comisión se abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de 10 días hábiles para dictaminar se contará a partir del vencimiento del término establecido para la presentación del Jefe de Gabinete. Cuando el decreto del que se trate sea dictado por el PEN durante el período de receso del Congreso, este acto ocasiona la convocatoria automática a sesiones extraordinarias para su tratamiento”. UxP también sumó un proyecto de Roberto Mirabella.
Desde el radicalismo, los proyectos los impulsan los diputados Fernando Carbajal y Carla Carrizo, quien aclaró que no se están limitando las facultades presidenciales. “No es quitar capacidad de gobernar, sino quitarle el monopolio de arbitrariedad acotando el tiempo y las materias para legitimar rápido”, dijo con referencia al amplio temario que abordó el DNU 70/2023 firmado por el presidente, Javier Milei, denominado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, que modificó y derogó una multiplicidad de regímenes normativos.
La Coalición Cívica, con la firma del presidente del bloque, Juan Manuel López, planteó: “Se debe aceptar el rechazo de una sola Cámara para dejarlo sin efecto [el DNU]. Asimismo, el partido propuso: “Que el Congreso, cuando ejerza el control de los decretos de necesidad y urgencia, pueda modificar el texto original enviado por el Poder Ejecutivo”.