La Legislatura de Tucumán recibió un proyecto de ley que promete revolucionar el sistema judicial de la provincia. El legislador Agustín Romano Norri (UCR) formalizó la presentación de una iniciativa para instaurar el Juicio por Jurados, una deuda pendiente en la Constitución provincial que busca democratizar el Poder Judicial y otorgar mayor transparencia a los procesos penales.
¿En qué consiste la propuesta?
El proyecto establece que los juicios por jurados serán obligatorios para aquellos delitos cuya pena máxima en abstracto sea de 15 años o más de prisión o reclusión. En estos casos, la decisión sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado ya no recaerá exclusivamente en jueces técnicos, sino en un cuerpo de ciudadanos comunes.
Los puntos clave del proyecto:
Integración ciudadana: El jurado estará compuesto por 12 miembros titulares y al menos dos suplentes.
Paridad de género: La composición del jurado deberá respetar estrictamente la equidad, integrándose por seis hombres y seis mujeres.
Veredicto unánime: Para dictar una condena, se requerirá la unanimidad de los votos de los 12 integrantes.
Imparcialidad: Los jurados serán seleccionados por sorteo del padrón electoral y pasarán por una audiencia de «voir dire» para descartar sesgos o prejuicios.
Los fundamentos de la reforma
En sus fundamentos, Romano Norri destaca que el juicio por jurados es una manda constitucional nacional (artículos 24, 75 inc. 12 y 118) que Tucumán aún no ha cumplido plenamente. Según el legislador, este sistema no solo acelera los tiempos procesales, sino que obliga a las partes a utilizar un lenguaje claro y sencillo, alejándose de los tecnicismos jurídicos que suelen distanciar a la justicia de la gente.
«La participación del ciudadano común en la administración de justicia otorga una legitimidad que hoy el sistema técnico ha perdido frente a la sociedad», sostiene el texto del proyecto.
Quiénes pueden ser jurados
Para ser miembro del jurado, se requiere ser argentino (nativo o naturalizado), tener entre 18 y 75 años de edad, entender el idioma nacional y contar con pleno ejercicio de los derechos políticos. Quedan excluidos de esta carga pública los funcionarios políticos de alto rango, miembros de fuerzas de seguridad, abogados, escribanos y quienes tengan causas penales abiertas.
El debate que viene
El proyecto de Romano Norri ingresa en un momento donde la demanda social por mayor seguridad y transparencia judicial es alta. De aprobarse, Tucumán se sumaría a provincias como Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y Neuquén, que ya han implementado con éxito este sistema.