El legislador Agustín Romano Norri (UCR) adelantó su rechazo al pliego del juez subrogante Lucas Alfredo Taboada, quien fue propuesto por el Poder Ejecutivo provincial para ocupar un cargo definitivo en el Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial de Monteros.
La objeción del parlamentario opositor se centra en el desempeño previo de Taboada. Específicamente, Romano Norri cuestionó una polémica medida cautelar innovativa dictada por el magistrado en noviembre de 2025, mediante la cual ordenó al director de la Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC), Gustavo Olarte, y a todos sus productores, periodistas y conductores, el «cese inmediato» de la difusión de contenidos que pudieran injuriar, desacreditar o tergiversar la actuación de los fiscales y magistrados locales.
«Un ataque directo a la Constitución»
Para Romano Norri, aquel fallo —emitido en el marco de una causa por supuesto entorpecimiento de las funciones públicas y coacción institucional — sentó un precedente peligroso que colisiona con las bases del sistema democrático.
«Un juez debe ser, ante todo, el máximo garante del cumplimiento de la Constitución. No podemos avalar la designación de alguien que dictó una medida que, en los hechos, significó censurar a un canal de televisión y restringir la labor periodística», afirmó el legislador.
El parlamentario fundamentó su postura señalando que este tipo de resoluciones judiciales vulnera de manera flagrante los principios de la libertad de prensa. «Estamos ante una clara violación de los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, que prohíben de forma taxativa la censura previa y protegen la libertad de expresión, además de contravenir el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)», argumentó el referente radical.
El peligro de los «premios» a la sumisión judicial
Más allá del análisis técnico-legal del fall, Romano Norri ligó la postulación de Taboada a una práctica que considera nociva para el fortalecimiento institucional de la provincia. El legislador apuntó directamente contra los criterios de selección de magistrados por parte de la Casa de Gobierno.
«No puede convertirse en una norma en Tucumán que la elección de jueces definitivos sea un premio para los jueces subrogantes que fallaron exactamente como quería el gobierno de turno», disparó con dureza el parlamentario.
En ese sentido, sostuvo que avalar este pliego implicaría convalidar un sistema de recompensas políticas dentro de los tribunales: «Un juez independiente debe responder a la ley y a las pruebas, nunca a las necesidades del poder político. Si el pliego de Taboada se aprueba, el mensaje para el resto de los subrogantes es nefasto: que para hacer carrera efectiva hay que complacer al Ejecutivo».
Finalmente, Romano Norri anticipó que mantendrá una postura intransigente cuando el pliego sea tratado en el recinto. «Por estas razones, adelanto mi rechazo absoluto.
No vamos a acompañar con nuestro voto a postulantes cuyas resoluciones condicionen la libertad de expresión y debiliten, por conveniencia, la división de poderes en Tucumán», concluyó.
El antecedente que encendió la polémica
La resolución judicial que reactivó la polémica lleva la firma del Dr. Lucas Alfredo Taboada en su carácter de Juez Subrogante. Fue dictada el 4 de noviembre de 2025 a solicitud de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. En aquella oportunidad, el magistrado consideró «atinado» que la restricción comunicacional abarcara de forma preventiva la defensa de todo el sistema de justicia provincial , ordenando notificar la resolución al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para su supervisión por un plazo de seis meses. El caso, que en su momento provocó la reacción de entidades periodísticas, promete convertirse ahora en el eje de una dura batalla política en la Legislatura.