Una denuncia penal por presunto fraude financiero sacudió a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán luego de que se detectaran serias irregularidades en los registros contables oficiales relacionados con aportes financieros recibidos por la Provincia en 2020. La causa apunta a esclarecer el destino de $ 500 millones que no figuran en la contabilidad del municipio y que habrían sido depositados en una cuenta bancaria no registrada.
El caso salió a la luz con la presentación de la Cuenta de Inversión 2023, realizada el 27 de septiembre de 2024 por el contador general municipal, Marcelo Albaca, bajo la gestión de la intendenta Rossana Chahla. En el documento, Albaca señaló “saldos inconsistentes” y la existencia de “partidas adicionales detectadas” tras analizar operaciones de ejercicios fiscales previos, principalmente del año 2020.
El reclamo formal por parte del Gobierno provincial, encabezado por Osvaldo Jaldo, fue enviado el 5 de agosto de 2024 por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y ascendía a $886 millones por distintas obligaciones impagas. Allí se detallaba que $ 500 millones correspondían a aportes financieros reintegrables otorgados a la Municipalidad por el entonces gobernador Juan Manzur, a través de cuatro decretos emitidos entre junio de 2020 y febrero de 2021.
La situación generó una profunda revisión en los registros del municipio, donde, según detectó la Contaduría General, solo constaban $ 250 millones como deuda registrada. Lo más alarmante surgió tras un cruce de información con el Banco Macro, que reveló que la otra mitad del dinero fue depositada en una cuenta corriente a nombre del municipio, pero que nunca fue ingresada a los sistemas contables oficiales.
La denuncia presentada por el fiscal municipal Conrado Mosqueira ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana advierte que dicha cuenta —abierta el 2 de junio de 2020 y cerrada en noviembre de 2024— no fue registrada oficialmente y que los fondos que pasaron por allí “desaparecieron” del radar administrativo, pese a haber sido emitidos por el Ejecutivo provincial.
Además, la presentación penal especifica que los fondos fueron transferidos en ocho pagos de $ 125 millones cada uno: cuatro se depositaron en la cuenta oficial de la Municipalidad y los otros cuatro en la cuenta irregular. A su vez, se señala que el entonces intendente Germán Alfaro habría firmado cesiones de derechos sobre la Coparticipación Federal por los $ 500 millones, sin la aprobación del Concejo Deliberante, como lo exige la normativa vigente.
Los firmantes habilitados de esa cuenta serían los entonces secretarios Luis Rodolfo Ocaranza (Gobierno) y Carlos Domingo Gómez (Economía y Hacienda), ambos cercanos al ex jefe municipal.
Ante la gravedad de las inconsistencias detectadas, Albaca se abstuvo de emitir opinión técnica sobre los saldos expuestos, advirtiendo que no contaba con “evidencia suficiente y confiable” que le permitiera avalar la veracidad de los datos contables, lo cual generó aún más incertidumbre respecto del destino de los fondos.
El expediente judicial, que busca determinar posibles responsabilidades penales en el manejo de los recursos públicos, fue calificado por fuentes municipales como “un posible fraude a la administración pública” y podría escalar en las próximas semanas. Mientras tanto, desde el entorno de Chahla no descartan que el municipio asuma un rol de querellante en la causa si no se observa un avance judicial sustancial.
Este nuevo capítulo en el conflicto por la deuda entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el Gobierno provincial refuerza la tensión política entre la actual gestión y el sector que lidera el exintendente Germán Alfaro, y se suma a la lista de denuncias en revisión por posibles desmanejos en el uso de fondos públicos durante su administración.
Fuente: Contexto