En la pequeña localidad de Juan Pujol, ubicada en la provincia de Corrientes, se viven horas intensas. Un oficial y un sargento de la Policía fueron arrestados debido a las acusaciones de abuso sexual y tortura a un cabo de 31 años dentro de la comisaría. Según la denuncia, el suceso habría ocurrido el 28 de marzo pasado. Los acusados fueron puestos a disponibilidad por orden del Ministerio de Seguridad y estarán alojados en una prisión común durante toda la investigación.
En una entrevista con Infobae, la directora de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Monte Caseros, Clara Belén Arrúa, detalló algunos aspectos de la denuncia. Según el juez, todo ocurrió por la tarde durante al menos dos horas y la víctima, identificada como A., fue sometida a «violencia extrema».
“Fue por parte de dos oficiales que se encontraban dentro del destacamento, quienes le propinaron no solamente violencia física sino también violencia psicológica. Y en uno de esos actos también se encuadra dentro de lo que es el abuso sexual”, dijo.
El relato del cabo en la denuncia, que este medio también obtuvo, es estremecedor. La víctima terminó su descanso y se dirigió al comedor de la comisaría cuando eran las 18 horas. El oficial F.G. y el sargento G.I. se encontraban presentes allí y, según lo relatado por el denunciante, consumían vino alrededor del mediodía.
Después de eso, G. le pidió que se sentara a su lado. El joven aceptó sin imaginar lo que estaba por venir. En ese instante, el oficial comenzó a insultarlo verbalmente. Le dijo cosas como «¿qué problemas tienes conmigo?» o «te crees superior a tus compañeros». El sargento I. apareció en escena detrás de A., quien le propinó golpes en la nuca hasta dejarlo aturdido mientras A. apenas negaba la acusación.
Sin conformarse con eso, I. se puso de frente a la víctima, lo golpeó nuevamente en las mejillas y le dijo que “no debía contestarle a un oficial”. G., en ese momento, le sacó el arma reglamentaria al joven, mientras el sargento le sujetaba las manos. En el comedor, como testigos, estaban presentes otras dos cabos, a quienes el sargento I. les ordenó que se retiraran del lugar “porque no podían ver eso”.
“Continuando así la grave tortura desmedida, I. baja el cierre del pantalón del cabo, introduciendo su mano izquierda, hasta llegar al tendón de la pierna izquierda, rozándole los testículos, presionándolo hasta lograr un dolor intenso que hizo exclamar a A. por favor que se detenga entre gritos y llantos”, dice el texto de la denuncia.
La víctima fue esposada y llevada al exterior de la comisaría después de ser completamente maltratada y sometida. En ese lugar, G. tomó una manguera y comenzó a inyectar agua en el rostro de A., quien se defendió lo mejor que pudo. Pidió ayuda a través de los gritos, pero al estar solo, nadie pudo ayudarlo. Para lograr su objetivo, los agresores se aseguraron de estar completamente aislados.
En el medio de la secuencia, G. apoyó su rodilla sobre el rostro del joven durante aproximadamente quince minutos. Le gritaban constantemente frases como “andate de baja”, “vos no servís para esta Unidad” o “vos no vas aguantar nada”. A., lleno de pánico y lágrimas inconsolables, trató de calmarlos para que dejaran de torturarlo, diciendo: “juro por mi mamá que mañana me voy”.
No tuvo ningún efecto. Lejos de mostrar algo de compasión, los oficiales continuaron con los abusos y las torturas. Lo llevaron a un baño, donde abrieron la ducha con agua fría, mojaron un trapo de piso, se lo pusieron en el rostro y nuevamente comenzaron a golpearlo. Apagaron la luz y lo golpearon de nuevo con golpes a puño cerrado. Le dijeron que repitiera la frase «Yo soy un sorete» cuando volvió a encender la luz. A. solo tenía que cumplir con la orden.
G. ordenó al resto del grupo que abandonara la Unidad. I. luego tocó el glúteo de A. «con la intención de introducirle un dedo en el ano» y colocó su mano debajo de los pantalones. Solo se detuvo cuando el cabo le pidió que no continuara porque ya había sido víctima de abuso sexual como niño y no quería vivir algo así otra vez.
A pesar de haber recibido la conmovedora petición de clemencia, los oficiales persistieron en la tortura, los golpes y las amenazas para que no dijera nada. Más de dos horas de terror. Le advirtieron que «la próxima iba a ser peor» y que «lo iban a meter dentro de un tacho grande anaranjado de basura, lo iban a golpear con la tonfa y todo sería su responsabilidad». Todas estas cosas ocurrieron mientras la víctima estaba esposada.
Tras la denuncia hecha al día siguiente por el cabo, la fiscal Arrúa comenzó la investigación y a recopilar testimonios. “En este procedimiento se ha realizado la formalización de la imputación hacia estas dos personas, estos dos imputados”, dijo la funcionaria.
“La calificación provisoria, ya que nos encontramos en una etapa preparativa aún y seguimos realizando entrevistas y recabando datos, es tortura en concurso ideal con amenaza, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público (en el caso de F.G.) y tortura en concurso ideal con amenazas, incumplimiento del deber de funcionario público, abuso de autoridad en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante”, en el caso de G.I.
En ese sentido, la fiscal dijo que desde el primer momento de la formalización de la imputación, se solicitó la prisión preventiva de los acusados. El juez de Garantías de Monte Caseros, Eduardo Alegre, concedió el pedido y estarán alojados en una cárcel común hasta que culmine la investigación y el juicio.
“Tenemos evidencias muy contundentes, por lo que estas personas continúan privadas de su libertad. También desde el mismo momento en que fue realizada la denuncia por la víctima, el ministro de Justicia, Buenaventura Duarte, puso a estas personas a disponibilidad”, agregó la fiscal.
En cuanto a los antecedentes, la fiscal Arrúa dijo que durante el tiempo de capacitación del cabo A. hubo algunos cruces de palabras con quienes serían sus agresores pero jamás se pasó a un nivel de violencia como el del pasado 28 de marzo. Nada hizo suponer que los oficiales harían lo que finalmente llevaron a cabo. Además, ninguno de los dos contaba con denuncias previas de abuso de autoridad y menos sexual dentro de la fuerza.
Por el momento, los acusados se negaron a declarar por consejo de su defensor. La víctima es representada por el abogado Gustavo Briend, un reconocido letrado de la provincia, recordado en los últimos meses por representar a la familia de Cecilia Strzyzowski, la joven asesinada en Chaco por el clan del líder piquetero Emerenciano Sena. /Infobae