La denuncia por amenazas y bullying en un colegio de Santiago del Estero, presentada por la madre de la supuesta víctima, dio un giro impensado en menos de 24 horas y sacó a luz un repudiable caso de maltrato animal que ya investiga la Justicia.
Todo empezó el miércoles, cuando una mujer ingresó a la Comisaría Primera y denunció que los compañeros de la escuela de su hijo, un adolescente de 14 años, se burlaban de él y lo habían amenazado con subir videos suyos a las redes.
El caso recayó en la fiscal Luciana Jacobo, quien empezó a hacer las averiguaciones correspondientes para esclarecer el hecho y así llegó rápidamente al origen de las agresiones.
Según detallaron fuentes judiciales a El Liberal, el supuesto bullying se desencadenó cuando los compañeros del chico descubrieron que éste se había grabado con el celular mientras su perro, un caniche toy, le practicaba sexo oral.
Fue entonces cuando los estudiantes le arrebataron el teléfono al menor y reenviaron el video en cuestión a sus contactos de WhatsApp, como una forma de darle una “lección” por el ataque a la vulnerabilidad del animal.
Al parecer, en un momento de la desagradable escena el chico también filmó su propio rostro y, al quedar expuesta su identidad, empezó a recibir una catarata de mensajes de repudio y amenazas a través de sus redes sociales.
La denuncia
En este escenario, el abogado Horacio Aníbal Pato intervino de oficio e interpuso una denuncia contra el adolescente por el maltrato animal y el recurso es extensivo a la madre del menor.
“Mi parte entiende que este hecho habría tipificado de manera flagrante lo dispuesto por la Ley 14.346 sobre protección animal. Siendo el hecho típico y la figura violada de acción pública es que en mi carácter de abogado y ciudadano comprometido con la prevención de actos de maltrato y crueldad animal, formulo la denuncia”, explicó el letrado al mismo medio.
En el escrito, Pato subrayó que el adolescente “… habría cometido un acto aberrante de abuso sexual hacía un animal, el cual habría filmado la secuencia y luego estas filmaciones se hicieron públicas”. En otro tramo, solicitó “desde ya que previas formalidades de Ley, disponga la tramitación del pertinente sumario criminal a fin de determinar la comisión del ilícito que denuncio, sus autores, cómplices, encubridores e instigadores, y ordene el procesamiento de los mismos…”.
Por tratarse de un menor de edad, el hecho podrá ser investigado “más no objeto de sanción alguna”. No obstante, la Justicia podría “instar a un tratamiento especial al joven”.
Interviene en el caso el Juzgado de Control y Garantías y de Menores, a cargo de Gastón Merino.