Este martes comenzó el juicio oral y público contra 43 policías de la provincia, imputados por sedición en diciembre de 2013.
Según la acusación, este grupo de uniformados se habría organizado en grupos, tantos agentes en actividad como retirados de la fuerza de seguridad, para llevar adelante un autoacuartelamiento por un reclamo salarial. Esta medida fue la antesala de los saqueos a comercios y empresas durante ese mes trágico.
En la primera jornada y con una sala colmada, se leyó el requerimiento de elevación a juicio fiscal contra los acusados. Participaron las distintas partes, como los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) y los defensores, entre otros. Se estima que durante las audiencias programadas declararán cerca de 200 testigos. El tribunal está integrado por los jueces Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica.
De acuerdo al requerimiento, el 8 de diciembre de 2013, a partir de las 20, los enjuiciados se organizaron en grupos. Se trasladaron hacia la Subjefatura de Policía y cortaron el tránsito vehicular con sus autos y motos particulares; también impidieron con violencia y esgrimiendo armas de fuego el ingreso y egreso de personal y de los vehículos del Sistema 911. Así pasaron la primera noche.
El 9 de diciembre, ingresaron sin autorización y armados al predio de la Subjefatura. Allí, “dañaron distintos bienes públicos y obligaron al personal a sumarse al reclamo y omitir la ayuda, colaboración o auxilio” de la población”, indicó el MPF.
Según la acusación, estas acciones “derivaron en múltiples delitos”. En cadena, un sinnúmero de personas formó grandes grupos: durante los días 9, 10 y 11 de diciembre de 2013 estas manadas se dirigieron a distintos puntos de San Miguel de Tucumán y alrededores para concretar ataques contra la propiedad y las personas.
Se registraron daños en “varios comercios, casas particulares y a ciudadanos, y se puso en peligro de forma directa y grave a los poderes provinciales constitucionalmente instituidos y la paz pública, al generar en la población un temor cierto acerca de la seguridad común, afectando de este modo el orden público, implicando un verdadero alzamiento en armas contra el poder público Provincial”.
Las acusaciones son por los delitos de sedición agravada por su condición de agentes de la fuerza pública y por la ostentación de armas de fuego en concurso real con los delitos de incitación a la violencia colectiva contra la institución policial de la provincia de Tucumán, impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra, privación ilegítima de la libertad por pertenecer a la fuerza de seguridad y coacción agravada con el fin de obtener concesiones de los miembros del poder público agravada con el fin de obtener concesiones de los miembros del poder público provincial, indicó el MPF.
Fuente: La Gaceta