La Cámara de Diputados no frena su marcha por el Mundial de Fútbol y el presidente del cuerpo, Martín Menem, ya le avisó a los jefes parlamentarios de las principales fuerzas políticas que reserven en el almanaque el 24 de junio y se preparen para sesionar en torno a un temario con temas de sumo interés para el Poder Ejecutivo.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de altas fuentes parlamentarias, el menú incluirá el tratamiento del proyecto de «Súper RIGI» (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), la ley de «lobby» y la autorización del plan de pago a dos fondos buitre por parte del Estado nacional, iniciativa que el jueves pasado recibió media sanción del Senado.
El riojano recibió el martes pasado en su despacho a las principales espadas parlamentarias del oficialismo y de la oposición, y les comunicó la decisión de abrir el recinto el 24 de junio y de trabajar en una agenda de trabajo para llegar a esa fecha con los dictámenes firmados.
De confirmarse la convocatoria a dicha sesión, Diputados abriría el recinto en el medio de dos partidos que la selección argentina disputará en la primera fase del mundial: el 22 contra Austria y el 27 contra Jordania.
Ley de lobby
El miércoles pasado, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General inició el derrotero del proyecto de lobby con la exposición de autores de proyectos, y para el próximo miércoles ya está pautada una segunda reunión a las 14 hs con participación de instituciones y organizaciones de la sociedad civil interesados en la temática.
El plan se completa -según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas– con un último plenario de comisiones el 17 de junio: el oficialismo tiene el objetivo expreso de dictaminar ese día a favor del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que crea un «Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses».
Esta reunión tendrá lugar al día siguiente del partido que la selección argentina de fútbol disputará contra el combinado de Argelia, en el debut mundialista del equipo de Lionel Scaloni y Lionel Messi.
Con la iniciativa para regular el «lobby», que imita el modelo americano, el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas o intermediarios ante los funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
La norma propuesta crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.
La iniciativa también exige también obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, que deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.
En principio, el oficialismo no debería tener problema es darle media sanción a este proyecto: existe un núcleo de coincidencias filosóficas con otras bancadas de la oposición dialoguista sobre la necesidad de terminar con la opacidad que caracteriza el lobby en Argentina desde hace décadas.
Súper RIGI
Tampoco deberían presentarse demasiados obstáculos para la aprobación del régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias («Súper Rigi»), teniendo en cuenta que en un escenario más adverso en el Congreso como fue el 2024, logró los consensos suficientes para el Rigi original contenido en la Ley Bases.
El debate se inició el miércoles pasado en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia y Tecnología, donde fueron invitados a exponer el Coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.
La iniciativa otorga cuatiosos beneficios fiscales y se orienta a captar inversiones de gran escala en sectores que estaban excluidos en el RIGI original, y que tienen que ver con la industrialización de minerales críticos como litio y uranio, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros desarrollos tecnológicos.
Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original.
A estas industrias de «frontera» tecnológica se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.
Durante su exposición, González puntualizó que a diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Super RIGI «tiene un plazo más largo de 5 y 1» (cinco años y uno extra de prórroga).
«El RIGI daba un empujoncito final a proyectos que existían pero que no se animaban a tomar la decisión de lanzarse dada la situación de Argentina. El Súper RIGI, en cambio, va a proyectos que no existen, y la mayoría ni siquiera los conocemos. Es un régimen bastante más restrictivo que el RIGI y que excluye explícitamente los proyectos de recursos naturales y de infraestructura», detalló.
«En segundo lugar, no pueden aplicar al Súper RIGI proyectos existentes ampliables como sí en el RIGI», comparó.
Pago a fondos buitre
Otra iniciativa que el oficialismo tiene previsto tratar en la sesión del 24 de junio es la aprobación de un plan de pago a dos «fondos buitre» por 171 millones de dólares, con quienes el Gobierno de Javier Milei alcanzó un acuerdo de conciliación económica.
El proyecto recibió media sanción el jueves pasado con 40 votos positivos y 22 negativos, y ahora seguirá su curso en la Cámara de Diputados, donde deberá aprobarse antes del 30 de junio, que es el deadline fijado en el entendimiento.
De esta manera, el Gobierno busca cerrar definitivamente el capítulo del default de la deuda del 2001, que fue reestructurada en varios canjes, y solo quedaron dos últimos holdouts con reclamos activos por una porción mínima del total.
Producto del acuerdo de conciliación entre las partes alcanzado en la Justicia norteamericana, que incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, se definió que el Estado argentino deberá abonarle 67 millones de dólares a la firma «Bainbridge Ltd.» y 104 millones de dólares al grupo de holdouts encabezado por «Attestor Value Master Fund LP.», lo que hace a un total de 171 millones de pesos.