Llegaron al Valle de Tafí muy temprano y con el apoyo de unos 80 policías para evitar que se registrara cualquier tipo de incidente. El Estado se hizo presente en el perilago de La Angostura para realizar un control sobre el uso de las tierras de la reserva provincial que tiene el mismo nombre. Visitaron cinco lugares y, en cuatro, encontraron irregularidades que ya se están investigando.
La semana pasada, en Casa de Gobierno hubo una nutrida reunión. El encuentro se realizó por la cantidad de denuncias de supuestas usurpaciones y la construcción de viviendas en terrenos fiscales que recibían. Los funcionarios de la Fiscalía de Estado, Desarrollo Productivo, Interior y de las direcciones Provincial del Agua, Catastro y de Flora y Fauna y el Ente Tucumán Turismo resolvieron realizar una inspección. Acordaron concretar en secreto para sorprender a las personas que estaban quedándose con las tierras de una de las reservas más vulnerables de la provincia.
Los inspectores de todas esas reparticiones, bajo un fuerte operativo organizado y dirigido por los comisarios Marco Goane y Juan Carrizo, cumplieron con el objetivo de analizar esas supuestas irregularidades. Al haberlas encontrado, elaboró un informe técnico que será entregado al gobernador Osvaldo Jaldo y repartido entre los diferentes ministerios para analizar los pasos a seguir.
“Era hora que alguien hiciera algo. La costa de El Mollar es cualquier cosa. Cada vez es más difícil llegar por todos las construcciones que hay. Hay casas por cualquier lado”, sostuvo Juan Carlos Herrera, un monterizo que desde su infancia veranea en esa villa turística. “Todo el mundo sabe que hay una persona que opera un servicio de pesca. Me parece maravilloso que lo haga, pero lo tiene en terrenos fiscales”, añadió.
El balance
“Preocupados por la preservación de la Reserva, dada la incidencia negativa de la ocupación desmedida de las tierras, sin ninguna previsión, planificación ni estudio de factibilidad, los agentes estatales y funcionarios, recorrieron kilómetros del territorio a los fines de indagar sobre las condiciones en que se encuentra este tan preciado recurso natural que tiene Tucumán”, explicaron en el informe al que tuvo acceso LA GACETA.
En la entrada misma al valle, en la zona de la rotonda, visitaron un negocio de venta de artesanías que también tiene un bar. Identificaron al propietario y lo emplazaron para que presente toda la documentación para justificar la ocupación en el lugar. Según confiaron fuentes, le habrían anticipado que si no contaba con ningún permiso, sería desalojado.
“El recorrido fue preocupante. Se encontraron al menos tres grandes espacios cerrados, loteados en vía de ejecución de varias construcciones de casas unas al lado de otras, frente al embalse. En uno de ellos, informaron que se prevé 62 viviendas en lotes que ya fueron vendidos”, se puede leer en el documento.
Según pudo establecer nuestro diario, los vecinos indicaron quién fue la persona que comercializó los terrenos, aunque en el escrito no fue identificado. Algunos probaron la compra con el certificado de posesión que le dio el vendedor y otros alegaron que tenían permiso para cultivo o pastoreo.
Justamente este es el caso más polémico. Según explicó un agente inmobiliario, una persona puede pedir ante las autoridades de Flora y Fauna un espacio para que sus animales puedan pastar. Los pedidos se analizan y se autorizan si se precisa que su instalación no generará algún daño al medio ambiente. Los minifundistas, para proteger sus animales, colocan alambrados provisorios. Sin embargo, de acuerdo a la investigación, utilizarían ese permiso provisorio para gestionar títulos de tenencia para comercializarlas.
“Pocos o casi ninguno de los compradores sabían que se trataba de un Área Natural Protegida de la Provincia y que su uso no era compatible con ese tipo de construcciones”, se puede leer en el informe elaborado por el equipo. “Cabe destacar que los barrios en vías de ejecución contaban con medidores de luz en cada lote, situación que llamó la atención”, se añade.
Antecedente
La instalación del uso de medidores no es un dato menor. Cuando el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, se desempeñaba como Fiscal de Estado, en la investigación por la usurpación de tierras en El Cadillal, descubrió que la comuna otorgaba títulos provisorios de titularidad de terrenos para que puedan acceder al servicio. Ante esta situación, el ex ministro del Interior y actual vicegobernador Miguel Acevedo prohibió al comisionado de entonces otorgar este tipo de documentación, para frenar la toma ilegal de terrenos fiscales.
LA GACETA intentó infructuosamente comunicarse con el delegado comunal de El Mollar, Jorge Cruz, para que diera su opinión sobre lo que estaba ocurriendo en esa localidad. Pero el funcionario no respondió los mensajes ni las llamadas.
José Fuentes, otro residente ocasional de El Mollar, no se mostró sorprendido por esta novedad. “La sorpresa es que las autoridades hayan decidido hacer algo para poner punto final a esta historia. En esta villa, desde hace años reina el descontrol. Espero que esta iniciativa se mantenga con el tiempo”, destacó.
“Estamos buscando poner orden en la Reserva Provincial La Angostura. No queremos que el valle de Tafí sea otro Cadillal”, explicó el director de Flora y Fauna, Juan Carlos Parajón en una producción especial de LA GACETA en la que se comentaba de este problema. En esa producción las autoridades provinciales habían advertido que realizan un trabajo para evitar que se sigan registrando usurpaciones.
“Estamos colaborando con las autoridades para analizar todo lo que está ocurriendo”, destacó el ministro del Interior, Darío Monteros. “La Fiscalía de Estado elaborará un informe detallado sobre lo ocurrido y nos enviará a nosotros una especie de protocolo para actuar”, agregó en una entrevista con LA GACETA.
“Nuestra idea es tener un protocolo de actuación para que todos los comisionados actúen de la misma manera para denunciar un caso o intervenir en una usurpación. Estamos hablando de todas las comunas y no sólo las que tienen movimiento turístico”, insistió.
Otra sorpresa: encontraron cinco ripieras en el rio Tafí, pero sólo una estaba autorizada
Los inspectores del Estado se llevaron otra sorpresa en la zona conocida como Ojo de Agua. Según el informe que elaboraron, se encontraron con algunos terrenos cercados y dos casas en construcción. En la desembocadura del río Tafí observaron una zona totalmente intervenida para la extracción de áridos. Al parecer, según confiaron fuentes del Gobierno, sólo una de ellas estaba debidamente autorizada para realizar esa tarea.
Cuando inspeccionaban ese lugar, referentes de la comunidad de los originarios se entrevistaron con los funcionarios. No sólo aportaron datos sobre quiénes eran los responsables de esos emprendimientos, sino que anunciaron la intención de mantener reuniones para garantizar la protección del medio ambiente y evitar la usurpación de tierras. Otras de las inspecciones que realizaron los agentes del Estado fue en una vivienda construida a la vera del lago.
El propietario demostró con papeles en mano que la casa estaba fuera de la reserva y que la compra era totalmente legal, por lo que no tomaron ninguna determinación en su contra.
¿Un anticipo?: una reserva joven que es el lugar elegido hasta por patos canadienses
La Reserva Provincial La Angostura se creó a través de un decreto firmado en mayo de 1996. El documento habilitaba la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelo tomaba 1.148 hectáreas de los terrenos fiscales del lago y perilago. La intención del Gobierno es realizar un trabajo de reordenamiento en la zona para que se cumpliera el objetivo por el que se había creado este espacio.
El área, según explicaron los especialistas, es el lugar elegido por numerosas especies para reproducirse. Uno de ellos es la de patos canadiense que eligen La Angostura para descansar después de un largo viaje migratorio.
“El camino es largo y recién comienza. La situación territorial es compleja, pero el objetivo es claro y necesario: preservar el Área Natural protegida en beneficio de la valiosa biodiversidad que alberga, de todos los ciudadanos e, inclusive, de los malintencionados que se enriquecen a costa de la salubridad de los mismos habitantes de la zona”, se puede leer en el documento que elaboraron las distintas reparticiones que participaron en la medida de inspección.
Fuente: La Gaceta