La movilización habitual de los jubilados frente al Congreso de la Nación, que se realiza cada miércoles, podría adquirir este 11 de junio un carácter excepcional. Luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena a Cristina Kirchner, organizaciones sociales, sindicales y políticas anticipan una jornada de protesta masiva, en defensa no solo de los derechos previsionales y el hospital Garrahan, sino también de la expresidenta.
La convocatoria, que comenzó como un reclamo encabezado por jubilados autoconvocados, se amplió en las últimas semanas ante la crisis económica, el recorte de medicamentos del PAMI, la eliminación de la moratoria previsional, el veto presidencial a la suba de haberes y el conflicto salarial con médicos residentes del hospital pediátrico Garrahan. En ese contexto, la decisión judicial conocida este martes operó como catalizador y podría convertir la marcha de este miércoles en un nuevo punto de inflexión político.
Por su parte, la Cámara de Diputados envió este martes al Senado los proyectos aprobados sobre el aumento a los jubilados y el bono que perciben los adultos que cobran el haber mínimo, la extensión de la moratoria por dos años y la declaración de la emergencia en discapacidad, con el fin de actualizar las prestaciones. Los proyectos son rechazados por el Gobierno nacional, que sostiene que tienen un impacto de 12 mil millones dólares y que, por ese motivo, vetará las propuestas.
Se espera la participación de gremios, organismos de derechos humanos, docentes universitarios, colectivos de discapacidad, movimientos feministas y agrupaciones como el Movimiento Evita, la UTEP y la CTA. También podrían sumarse dirigentes políticos del oficialismo y sectores del peronismo que ya manifestaron su rechazo al fallo judicial. La consigna predominante será el rechazo al ajuste económico, la defensa de la democracia y la denuncia de lo que consideran una proscripción política.
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Desde las organizaciones convocantes se prevé concentrar desde las 15 en la Plaza de los Dos Congresos, con columnas sobre avenida Rivadavia, Callao y Entre Ríos. La jornada se desarrollará bajo un fuerte operativo de seguridad y con vallados reforzados, como ya ocurrió en movilizaciones anteriores. La tensión podría escalar si se repite la represión de semanas pasadas. El protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad derivó en detenciones, uso de gas pimienta y heridos entre los manifestantes.
Contexto político: del fallo a la calle
El fallo de la Corte Suprema, que rechazó los recursos presentados por la defensa de CFK y dejó firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, alteró el clima político en todo el país. Las expresiones de apoyo a la exmandataria se multiplicaron durante el martes, con marchas en el AMBA, actos en Rosario, protestas en Chaco y vigilias frente a su domicilio en Constitución.
En ese marco, la marcha de los jubilados aparece como el primer espacio de protesta con proyección nacional tras el fallo. Referentes como Axel Kicillof, Carlos Heller, Oscar Parrilli y Sergio Palazzo ya habían anticipado la necesidad de una reacción colectiva. Desde sectores kirchneristas señalan que “el pueblo va a salir a la calle”.
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Más allá del impacto político del fallo, la marcha del miércoles también pone en evidencia el delicado contexto social que atraviesa el país. Los jubilados denuncian el deterioro del poder adquisitivo, la caída de los haberes mínimos, el aumento en medicamentos y alimentos, y el vaciamiento progresivo del sistema previsional.
La decisión de Javier Milei de vetar la ley que garantizaba un aumento de emergencia para jubilaciones —aprobada por amplia mayoría en el Congreso— fue duramente criticada. Desde el Ejecutivo justificaron la medida como una forma de evitar “el populismo fiscal”, pero desde la oposición lo consideran un acto de insensibilidad social.
Entre las consignas anticipadas, se destaca la exigencia de “una justicia al servicio de la democracia y no de los poderes corporativos”. También se espera una declaración conjunta por parte de la multisectorial, que incluiría una crítica a la Corte Suprema, al gobierno nacional y una defensa explícita de Kirchner como símbolo de resistencia política. Desde organismos de derechos humanos advirtieron sobre la necesidad de garantizar el derecho a la protesta. /Perfil