Al propietario de la vivienda y a dos albañiles se les dictó la prisión preventiva por haber incumplido la orden de no construir en los terrenos usurpados de la reserva de La Angostura. La decisión judicial generó polémica entre los veraneantes y las personas que adquirieron propiedades en un lugar que, según la Justicia, pertenece al Superior Gobierno de la Provincia.
El fallo marcó un hito en el polémico caso. En octubre, trabajadores del Estado descubrieron que desconocidos habían ocupado terrenos en la zona del perilago. Se hizo un análisis de la situación y descubrieron que miembros de la Comunidad Indígena Diaguita de El Mollar (Cidem) y ex delegados comunales habían cedido terrenos para que personas construyeran sus viviendas. La cacique Margarita Mamaní indicó que esas tierras le pertenecían por derechos ancestrales, mientras que el delegado Jorge Castro sostuvo que lo hicieron únicamente por cuestiones sociales. También descubrieron que se estaba realizando un loteo en un predio que había sido concedido para el pastoreo de animales.
En noviembre, el Gobierno tomó dos caminos para resolver el conflicto. En al menos tres operativos, la Policía arrasó con los alambrados y las construcciones de algunas parcelas. Paralelamente, la fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls presentó una demanda en los Tribunales. La jueza María Felicitas Masaguer dictó una medida cautelar en la que ordenaba no realizar ningún tipo de modificación en el ámbito de la reserva para preservar el medio ambiente.
En una nueva inspección realizada en diciembre, las autoridades comprobaron que no se estaba cumpliendo con la resolución judicial. Insistió con notificar a todos los señalados de la orden judicial y solicitó una consigna policial para que detectara cualquier incumplimiento.
“Nadie puede decir que no sabía del fallo judicial. El personal durante varios días se encargó de notificar de la resolución judicial y de explicarles claramente que debían suspender todos los trabajos de construcción”, explicó el jefe de la Unidad Regional Oeste Marcos Goane. “También se les informó a los corralones y albañiles de la zona para evitar que llevaran materiales o realizarán trabajos”, añadió.
El viernes, los policías que estaban de consigna en el lugar descubrieron que en el llamado “Loteo Gaucho Castro” había personas que estaban realizando trabajos en una de las viviendas. Con sus celulares filmaron lo que estaba ocurriendo y lo enviaron a sus superiores. Los agentes recibieron la orden de demorar a los señalados y esperar instrucciones de la fiscalía de Monteros que finalmente ordenó la aprehensión del propietario de la casa y de los albañiles que estaban construyendo la base de una casa prefabricada.
El sábado se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra del dueño del inmueble Marcos Luciano Bolla (37 años) y de los albañiles Gustavo Emanuel (38) y Luis Francisco Soria (65), todos oriundos de Aguilares. El fiscal Carlos Rodríguez lo acusó de usurpación y de desobediencia judicial por no haber cumplido con la medida ordenada por la magistrada. Solicitó que se le dictara la prisión preventiva a los tres, endilgándole una participación secundaria a los trabajadores. El planteo fue apoyado por Horacio Geria, representante de la Fiscalía de Estado en el sur de la provincia.
El funcionario del Ministerio Público recordó que Bolla ya habría sido procesado por usurpación en diciembre pasado y que se resolvió que continuara en libertad el trámite de la causa.
La estrategia defensiva de los acusados fue clara. Por un lado, Ramón Amado habría argumentado que el comprador de la casa no podía ser considerado como usurpador porque él había comprado el terreno en buena fe y tenía todos los papeles para demostrarlo. También señaló que no habría desobedecido ninguna orden porque la resolución era ambigua y que en principio estaba dirigida a los vendedores de los terrenos.
En tanto que el auxiliar de la defensoría oficial José Arce señaló que los albañiles no habían sido notificados sobre la medida que había sido emitida por la jueza y que ellos sólo habían sido contratados para realizar un trabajo.
El juez Marcos Núñez Campero le dio la razón a los acusadores, porque decidió aceptar la acusación formulada y dictar la prisión preventiva por dos meses a Bolla y por 30 días a los dos trabajadores de la construcción. Argumentó su fallo señalando que había peligro de fuga y que los acusados entorpecieran la investigación. Los defensores impugnaron la resolución, por lo que en los próximos días se desarrollaría una nueva audiencia para resolver los planteos que hicieron.
“Es un mensaje importante que dio la Justicia. El juez Núñez Campero dejó en claro que, por una cuestión ambiental, se debe preservar la reserva de La Angostura y que la Justicia no tolerará incumplimientos a la medida cautelar”, dijo Geria. “Las consignas se mantendrán y se hará cumplir la orden judicial. Nadie puede decir que no sabe de su existencia”, finalizó el comisario Goane. /La Gaceta