La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas firmaron un dictamen en el Senado a favor de un proyecto que autoriza al Gobierno a pagar U$D 171 millones de dólares a Fondos Buitres, con el cual el oficialismo podrá aprobar esa iniciativa en la primera semana de mayo.
La decisión se adoptó en un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda, que presiden el macrista Martín Goerling Lara y el libertario Agustín Monteverde.
Si bien el Gobierno había señalado que había plazo para aprobar esa ley el 30 de abril, hoy el oficialismo informó que se logró una prórroga hasta el 31 de mayo para tener sancionada esa ley y poder cumplir con ese acuerdo, que permitirá a la Argentina no tener por esta causa embargo sobre sus activos.
La autorización del Gobierno es para poder pagar los Acuerdos de Conciliación celebrados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
El acuerdo implica pagar US$ 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP) de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción.
La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa y señaló que “hoy se está resolviendo el problema y con este acuerdo se gana terminar con los embargos”.
«Se gana no tener más órdenes de entrega sobre acciones de YPF, esto le va a significar un valor en sus activos y este proyecto es un cierre al default del año 2001», agregó.
Por su parte, Monteverde señaló que “concluir este tema con este proyecto de ley que aprueba el acuerdo de conciliación significa extinguir litigios con los dos principales acreedores que quedan hoy en situación de hold out con la República Argentina”.
Monteverde informó durante la reunión que el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, les comunicó que el plazo de vencimiento de dichos acuerdos se prorrogará hasta el 31 de mayo del corriente año.
Señaló que el acuerdo implica el pago de US$ 67 millones a Bainbridge Ltd. y de US$ 104 millones al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, «de forma simultánea a la acreditación de los bonos, libres de todo gravamen, para su inmediata cancelación y extinción».
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno pide su aprobación para que no se caiga dicho acuerdo y evitar que la Argentina tenga litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas».
También destaca que la “los acuerdos con Bainbridge Ltd. y con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP resuelven de forma integral múltiples causas judiciales (incluyendo Attestor No. 14 Civ. 5849 y las diversas acciones de TRINITY INVESTMENT DAC)”.
El Gobierno también destaca que con este acuerdo terminarán las demandas de embargo sobre activos argentinos.
Sobre las ventajas financieras señala que con este acuerdo “habrá una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” y y permite “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York”.